REALIDAD
REALIDAD Es muy dificil analizar desde las posiciones políticas la realidad económica. La crisis, por la que estamos atravesando, es un vivo ejemplo. Se están tomando medidas para tratar de superarla, pero siempre lo hacen las autoridades políticas en última instancia. Con ello evitan molestar a una parte importante del electorado que puede darle la espalda a quien toma las decisiones y con ello la pérdida del poder sería una sería amenaza. El gran abanico de economistas que hay en la sociedad en su mayoría señalan que las decisiones que se están tomando para superar la situación no está siendo acertada y además apuntan que el futuro no es nada alagueño. De igual manera los economistas están advirtiendo de la politización que se hace de la economía, un error cuyas consecuencias las continuarán pagando las generaciones venideras. El déficiz público, que vamos acumulando, es una gran hipoteca para los próximos años y que significará una ralentización en la recuperación económica. Todo ello hay que sumar otra variable muy negativa para nuestro país que no es otra que la pérdida de competitividad que padecemos. En el rankin de estamos prácticamente a la cola de los países desarrollados, lo cual significa las enormes dificultades que tenemos para exportar. Un dato lo hace más revelador aún si cabe. Solamente el 7 del PIB somos capaces de exportar lo cual se convierte en un obtáculo para la economía y también una dificultad más para la generación de empleo. En nuestro país entra en concurso una variable, de grandes dimensiones, que entorpece cualquier toma de decisión de gran relevancia. Los diferentes nacionalismos. Estamos inmersos, en demasiadas ocasiones, en debates identitarios estériles. Algunos responsables políticos actuan como si se tratse de verdaderos reinos de Taifas. Un país es la suma de toda una sociedad que trabaja mirando hacia un mismo horizonte. En nuestro caso demasiadas veces el barco se encuentra encallado debido a que no todos reman en la misma dirección. La excesiva descentralización de competencias, puestas en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas, debilitan al estado central y con ello una menor eficacia en la gestión pública de algunas de las competencias. La recuperación de la economía tardará en hacerse realidad mucho más tarde que en los países en los que la política y el debate identitario pasan a un segundo término.