Asignatura pendiente en la interinidad

Las decisiones judiciales llegadas desde Euoropa, en los últimos años, han puesto de relieve un problema conocido desde hace tiempo pero que no ha sido afrontado convenientemente. La administración española, en sus más variados frentes, tiene una sobredosis de interinidad en sus trabajadores. Se trata de un conflicto grave, que genera entre otras cosas perjuicios a la sociedad en conjunto y a muchos ciudadanos al no alcanzarse un nivel de servicios que sería el idóneo. Pero también tiene detrás realidades polémicas, que llegan de las situaciones generadas por los legítimos derechos laborales, en forma de ausencias prolongadas.

En el caso de las interinidades, existe un plazo para que las personas que se han visto perjudicadas por esa posición de eventualidad durante mucho tiempo puedan reclamar una indemnización. Se trata, en todo caso, de un avance para compensar perjuicios, pero no de fórmulas para avanzar hacia las soluciones del problema global. En el caso de León el número de afectados es bajo. Sólo llega al 15% por ciento de los operarios públicos, frente al 35% que se alcanza en la media nacional. Pero también debe tenerse en cuenta que es precisamente en las instituciones pequeñas en las que todo es más complejo, si cabe, a la hora de servir al ciudadano.