El Principado da la espalda a las víctimas

El calvario moral que están viviendo los familiares de los cinco mineros leoneses que perdieron la vida en la explotación asturiana de Cerredo hace poco más de un año sigue acentuándose. Tras las dolorosas conclusiones del borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria, que expone las negligencias cometidas y pide responsabilidades personales, políticas o técnicas por la tragedia a cuatro exconsejeros socialistas y a tres funcionarios, el Principado argumenta ahora que no ha lugar a un adelanto de las indemnizaciones, una medida compensatoria que también se reclama en el borrador. El presidente asturiano, Adrián Barbón, se olvida de su «caiga quien caiga» cuando aquel fatídico día prometió justicia como «fíu» de un minero y se acoge al «procedimiento administrativo reglado por ley» para negar el reparo económico a las familias, porque considera que se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento de la administración y la fatalidad, algo que niega. Para esquivar cualquier responsabilidad mantiene que es la empresa la que realizaba una «actividad ilegal» y «clandestina». Por supuesto, a espaldas de la administración, un matiz para ellos muy conveniente pero no demasiado convincente para los afectados.