Hacia una Conferencia fallida
El ingenuo ciudadano que pensara que nuestros políticos se darían una tregua estival, habrán comprobado que para nada. Y no solo porque Pedro Sánchez decidiera soltar lastre y conformar un nuevo equipo ministerial. El ambiente venía cargado de antes y esa remodelación ha provocado una reacción de la oposición, que, sondeos en ristre, insiste en que estamos ante un cambio de ciclo político, algo imposible de constatar cuando ni siquiera se ha cubierto la mitad de los cuatro años de Legislatura y el único facultado para adelantar las elecciones, el susodicho Sánchez, no está por la labor de hacerse el harakiri.
Con este panorama llegamos a la Conferencia de Presidentes convocada para el viernes en Salamanca, que no se celebra en el clima político más propicio para alcanzar acuerdos sobre las grandes cuestiones que rodean al Estado de las Autonomías. El Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP llegan enfrentadas por la gestión de la pandemia, en la que la pretendida «corresponsabilidad» ha brillado por su ausencia, como ha vuelto a ponerse de manifiesto durante la nueva ola que padecemos. Ni siquiera en la vacunación, que objetivamente se ha afrontado con éxito conjunto de ambas administraciones, han faltado los reproches y roces políticos.
Este enfrentamiento latente entre PP y PSOE hace inviable el consenso imprescindible para desbloquear en una Conferencia de Presidentes asuntos tan enquistados como la financiación autonómica, problema que lleva camino de convertirse en endémico. Aparcada dicha revisión —tampoco puede abordarse sin la participación de Cataluña y País Vasco, que siguen pasando de este foro multilateral— la gran cuestión ahora sobre la mesa es el reparto del maná de fondos europeos que está a punto de recibir España, cuestión sobre el que todos recelan de todos.
El PP y las comunidades que gobierna no se fían de que el Gobierno Sánchez arrime el ascua a la sardina socialista en ese reparto, tratando de sacar el correspondiente rédito electoral. En las comunidades del PP, caso de Castilla y León, es la oposición socialista la que se teme una instrumentación clientelista de ese maná. A la Conferencia le correspondería establecer unos criterios objetivos y contrastables que disiparan cualquier sospecha.
Por de pronto, el PP reprocha al Gobierno no haber tratado de allanar el camino de la Conferencia desbrozando previamente los aspectos a tratar. Lo cierto es que la nueva ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, no ha tenido tiempo ni siquiera de entrar en contacto con los diversos presidentes autonómicos. Ya veremos, pero todo hace presagiar que estamos ante una nueva oportunidad perdida para dotar de sentido común al Estado de las Autonomías. Una más.