¿Equilibrio?

De nuevo un pequeño colectivo profesional, el de los controladores aéreos en este caso, indispensable para la prestación de un servicio público esencial, está ejerciendo solapada presión sobre sus empleadores para conseguir ventajas más o menos confesables. La consecuencia de esta presunta huelga de celo es muy perturbadora: se producen retrasos en casi todos los aeropuertos españoles, lo que causa molestias a los viajeros y perjuicios económicos a todos los actores implicados en el transporte aéreo. El derecho de huelga tiene en España protección constitucional pero la propia Carta Magna ordena la promulgación de una ley orgánica que lo regule y establezca los necesarios equilibrios entre los intereses en juego. Pero las resistencias sindicales han impedido llevar al papel ese mandato.