Tráfico: del miedo eficaz al consenso creativo
Panorama | antonio papell
El presidente del Gobierno, en su balance de fin de año, aportó un dato muy revelador relacionado con el tráfico: durante las vacaciones de verano del recién concluido 2009 se han producido menos de 400 muertos en carretera, lo que no había sucedido desde 1964. Finalmente, el cómputo completo de la siniestralidad vial de 2009 ha registrado 1.897 muertos, un 13% menos que el año anterior, el mejor dato de los últimos 45 ejercicios. Si se piensa que en aquel año había en España menos de dos millones de vehículos y unos cuatro millones de conductores y que ahora hay 31 millones de vehículos y unos 25,2 millones de conductores, se entenderá que no sea disparatado hablar de milagro. De cualquier modo, España ya ha cumplido con creces el objetivo marcado en 2001 por la comisaria de Transportes de la UE, la malograda Loyola de Palacio, que consistía en reducir a la mitad las muertes provocadas por el tráfico en una década. En el 2000, murieron en las carreteras españolas 4.295 personas.
Es justo reconocer que el portento ha sido conseguido por el equipo encabezado por un profano en la materia, el catalán Pere Navarro, ingeniero industrial e inspector de Trabajo, ex gobernador civil de Gerona, en la Dirección General de Tráfico, autor de una estrategia caracterizada por una vigilancia inclemente sobre los conductores en materia de velocidad e ingesta de alcohol, complementada con el carné por puntos y con la reforma del código penal para otorgar relevancia criminal a las infracciones más graves y peligrosas. Estas actuaciones han generado tal presión sobre los conductores que se ha ido produciendo un ostensible cambio de mentalidad. Si en otro tiempo, la velocidad había adquirido prestigio social y la gente alardeaba de ella, hoy el miedo a la sanción y la insistencia pedagógica de la DGT han conseguido que lo políticamente correcto sea la sujeción a la normativa, el respeto a los límites, la evitación del consumo de alcohol al volante. Los frutos de semejante política son evidentes, por lo que no tendría sentido ponerla en cuestión. Sin embargo, la perduración de la actual tendencia a la baja hasta alcanzar la mínima siniestralidad posible requiere un enfoque ideológico del asunto, en forma de un consenso amplio sobre la idea compleja de seguridad vial, que es un concepto multidisciplinar que depende de numerosas variables. Las más importantes son, además de la normativa y el control del tráfico, el estado de las vías y su conservación, la calidad de la señalización vertical y horizontal, la formación de los conductores y la edad y el estado de conservación de los vehículos. Lo razonable hubiera sido plantear desde el principio la seguridad vial como una empresa cooperativa y consensuada entre los usuarios de la red vial y el Estado en la cual los conductores habían de disciplinarse mientras el Estado acometía las actuaciones que le corresponden.
Que se haya reducido la siniestralidad a la mitad en menos de una década no significa que el saldo resultante -esos casi 1.900 muertos de este año- sea aceptable. Ni que la reducción paulatina del número de víctimas pueda conseguirse atornillando todavía más los controles a que está sometido el conductor. Antes al contrario, cabe temer un inminente repunte si el ciudadano se da cuenta de que sus esfuerzos por conseguir la seguridad propia y ajena no se ven correspondidos por iniciativas públicas también encaminadas a la conquista de la seguridad.