El ajuste tardío
Panorama | antonio papell
El presidente Zapatero anunció un duro plan de austeridad que tomó cuerpo en el consejo de ministros. El plan, cuantitativamente muy ambicioso, se ha anunciado paralelamente a una reforma del sistema de pensiones encaminada a garantizar la sostenibilidad del modelo, y que incluye como medida estrella un retraso de dos años en la edad obligatoria de jubilación. De entrada, hay que decir que estas decisiones, que habrá que debatir y que afinar, van en la dirección correcta ya que favorecen la generación de confianza, un ingrediente subjetivo que influye grandemente en el proceso económico y que vamos a necesitar a raudales para agilizar la recuperación tras la crisis.
El recorte del gasto público, de unos 17.000 millones de euros anuales durante tres ejercicios, encaminado a embridar el déficit y a aproximarlo en el 2013 al 3% del PIB como exige Bruselas, supondrá severos ajustes en los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios, así como en algunas inversiones. El Gobierno ha enfatizado que el ajuste no afectará al gasto social ni a las inversiones en Educación e I+D+i, que son los pilares de la Estrategia de Economía Sostenible. Es evidente que este fuerte recorte, difícil de lograr sin afectar al crecimiento, requiere la cooperación activa de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que el propio Zapatero reclamará hoy de los suyos en el comité federal del PSOE. No se descarta que en esta campaña de austeridad Zapatero incluya en un determinado momento una reducción del número de ministerios, como le reclamó el Parlamento el pasado 27 de octubre (la formación del Gobierno es, en todo caso, competencia constitucional del presidente); este gesto, expresivo, sería muy pedagógico, aunque sus efectos reales fueran escasos.
El otro gran anuncio, la propuesta de reforma del sistema de Seguridad Social, que en todo caso deberá ser negociada en el marco del Pacto de Toledo, no tiene relación directa con el ajuste y debería realizarse en todo caso y en cualquier coyuntura para garantizar la perdurabilidad del modelo. Sí es sin embargo positivo que el realismo económico, que es imprescindible en el terreno presupuestario, se extienda al sistema de pensiones. Si se piensa que desde 1975 hasta hoy día se hue se han efectuado sean opinables.
La principal crítica que cabe hacer al ajuste es de índole cronológica: de hecho, acaban de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2010, sin que se insinuaran siquiera durante su tramitación los recortes que ahora se plantean. El Gobierno afirma que ha habido que esperar al momento adecuado: al asomar la crisis, primero hubo que apuntalar el sistema financiero y que aplicar los incentivos fiscales keynesianos, después las reformas estructurales (la ley de Economía Sostenible), ahora el ajuste. Estamos en el terreno de lo opinable, si bien existe práctica unanimidad sobre el hecho de que el sacrificio es forzoso e inaplazable: la solvencia de este país está en juego, y todas las administraciones tienen la obligación de apretarse el cinturón para recuperar el paso, rehacer los grandes equilibrios y mantener la figura de un Estado serio y consecuente con sus compromisos. la oposición y a los agentes sociales les incumbe la importante tarea de vigilar y auspiciar el ajuste, minimizando daños, garantizando la equidad, controlando el ímpetu y el alcance de las medidas. Colaborando en fin a que este país salga del atolladero.