Diario de León
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Tribuna | Miguel Ángel González Rodríguez

Economista

Han ocurrido dos «sucesos planetarios» que, a pesar de afectar a escalas diferentes, muestran una misma tendencia, a todas luces preocupante. Por un lado Google amenaza con abandonar China, las continuas censuras, restricciones e incluso ataques a sus sistemas le ha puesto en ese brete y por otro, de fecha anterior, la clausura de la cumbre de Copenhague sin ningún acuerdo. ¿Que no tienen nada que ver? Vayamos por partes.

Bien es sabido que la conciencia ecológica brilla por su ausencia en la mayoría de las cabezas de nuestros líderes políticos. Es un hecho, como lo demuestra el resultado de Copenhague y de todas las que se organicen sucesivamente. Que prevalecen los intereses económicos ante todo y ante todos, es un hecho irrefutable a lo largo de la Historia de la Humanidad. Por lo tanto cuando se mezcla economía y ecología, la segunda suele salir trastabillada.

Pues así están las cosas. Cambiar los sistemas de producción por otros más respetuosos con el medio ambiente es una tarea muy dificultosa, casi imposible. Pero además en muchos casos no es rentable. Imaginémonos una comida o una cena donde los comensales acuerdan pagar «a pochas», vamos a medias. Cada uno pedirá lo que desee sabiendo que el resto hará lo mismo dentro de unos parámetros de costes semejantes, con lo que cada uno pagará una cantidad similar al coste de su menú. Pero pudiera ser que algún «listillo» pidiera algo muy caro sabiendo que se va a pagar entre todos. Para evitar posibles «listillos» todos y cada uno pedirán platos más caros. Así nadie se aprovechará del otro, pero todos gastarán más de lo pensaban inicialmente. Por eso se entra en la cumbre de Copenhague con poco y se sale con nada.

La ecología es una materia que fomenta este tipo de reacciones, habida cuenta que los resultados de la actuación de los «listillos» afectan a todos, mientras que los beneficios sólo a ellos. Estas situaciones se llaman en economía externalidades, y pueden ser positivas o negativas. Se llama externalidad a cualquier efecto, susceptible de cuantificación, que provoca la acción de un sujeto en otro ajeno a ella.

En la mayoría de los casos son pérdidas, por ejemplo el tráfico de una calle lastima la tranquilidad de los vecinos, pero puede haberlas también positivas, como por ejemplo la ubicación de una gran empresa en un polígono industrial potencia al resto de sus vecinos. Si se puede definir claramente al sujeto pasivo y el efecto que le produce es fácil concienciarse de la necesidad de establecer algún tipo de compensación: «Ojo, si tú pides langosta, la pagas tú que para eso la comes», pero si esto no es posible lo menos malo, al menos económicamente, es hacer todos lo mismo.

La UE se ha comprometido a recortar hasta un 30% las emisiones en el 2020 y conceder a los países necesitados ayuda financiera, que en caso de España supone un desembolso de 375 millones de euros durante los próximos tres años. Son compromisos meritorios, ya que muestran claramente la postura de la Unión con respecto al medioambiente, pero totalmente irresponsables para sus ciudadanos: porque en muchos casos van a suponer graves costes para las economías europeas en forma de competencia desleal de los «listillos». Los europeos vamos a tener que pagar más, de hecho ya lo estamos haciendo, por cumplir con nuestra rigurosa reglamentación ambiental, con los tratados internacionales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y con las ayudas para el desarrollo, en forma de mayores precios o más impuestos. Ayudas que, por otro lado se destinan a países, que ni respetan tratados, ni derechos y que para colmo compiten con nuestros productos, los «listillos otra vez. O sea que nosotros imponemos una batería de ordenes y reglamentos a nuestras empresas en materia medioambiental (también valdría para otros niveles como los derechos laborales o si me apura democráticos y humanos), que todas tienen que cumplir, a un coste muy elevado, para que se encuentren en nuestros mismos mercados compitiendo con productos «tóxicos» de países bananeros, medioambientalmente hablando, que pueden ofrecer productos similares, pero mucho más baratos libres de restricciones ecológicas (y no sólo esas). Y encima, se destinan partidas, para que en lugar de modernizar su tejido empresarial y limiten la contaminación, lo emplean en mantener corruptelas y regímenes poco edificantes, a estas alturas de la película de la Historia en que nos encontramos. Porque en China votar, lo que un español entiende por votar, no votan.

Parece lógico que las empresas se cansen de mantener unos esfuerzos cada vez mayores para cumplir con las asfixiantes normativas que se la imponen y que repercuten directamente en su cuenta de explotación; cuando otras, ubicadas en lugares de legislación más laxa o nula y con una estructura de costes inferior, puedan competir en sus mismos mercados con, lógicamente, mejores condiciones. Parece lógico también, que busquen el calor de esos lugares para seguir luchando en el mercado y que cierren en unos países y que abran en otros. Eso se suele llamar deslocalización. Como los pimientos de Padrón, «unos pagan y otros non».

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