No hacen los deberes
El corro | pedro vicente
Al margen de las distintas reacciones suscitadas, el mensaje emitido recientemente por Mario Amilivia, manifestándose dispuesto a volver a la política activa, ha permitido conocer el estado de provisionalidad de la institución que preside, el Consejo Consultivo de Castilla y León. El mandato de los consejeros que lo componen expiró en mayo pasado, sin que nadie haya puesto en marcha desde entonces el procedimiento establecido para su renovación. Ni la Junta, que tiene potestad para designar directamente a dos de sus miembros, ni las Cortes, que deben elegir a otros tres, han dado un solo paso para ello. En consecuencia, salvo los consejeros natos que lo son por haber presidido la Junta, los cinco consejeros electivos se encuentran en funciones desde hace más de ocho meses.
La situación se reproduce en el Consejo de Cuentas de Castilla y León, cuyos cinco miembros -”en este caso designados por las Cortes-” se encuentran en funciones desde hace casi un año. Este justificado retraso en renovar ambas instituciones tendría explicación si faltara el necesario consenso entre los grupos parlamentarios. Pero ello no es así. Simplemente ocurre que ni PP ni PSOE tienen ninguna prisa en relevar a los actuales consejeros, lo que abona la sospecha de que prefieren esperar, tal vez hasta las próximas elecciones autonómicas, para administrar a su conveniencia partidista esos golosos puestos. Así de vergonzoso.
El hecho evidencia una vez más el déficit democrático del Parlamento de Castilla y León, una institución que cada día se ajusta más al calificativo de «mausoleo» con el que alguien bautizó el imponente edificio en el que se alberga. Sin ir más lejos, con la que está cayendo, la institución parlamentaria permanece ausente del debate político desde mediados de diciembre, en que aprobó los Presupuestos de la Comunidad. Salvo la convalidación del decreto-trasposición de la directiva europea de servicios, nada de lo ocurrido desde entonces ha merecido la atención de sus señorías los procuradores. Ni canalizan el debate político ni muestran tampoco la sensibilidad necesaria para priorizar la agenda legislativa en función de las demandas y urgencias sociales. Es inconcebible por ejemplo que, una vez cerrado el acuerdo en el seno del Consejo del Diálogo Social, las Cortes puedan tardar cinco meses en regular la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica destinada a las personas que no disponen de ningún otro subsidio. Sumado el retraso de la Junta -”que se había comprometido a regular dicha Renta antes del 31 de julio pasado-” a la tardanza del Parlamento en tramitar la Ley, la prestación llegará a sus necesitados destinatarios con un año de retraso.
Tampoco ha hecho los deberes a tiempo la Junta en dos asuntos de capital importancia que debieran haber estado en vigor el 1 de enero: la Agenda sobre Población y el Plan de Convergencia Interior. El primer borrador de la citada Agenda, anunciada por el presidente Herrera en junio pasado, se dará a conocer la próxima semana, ignorándose cuánto tardará en estar lista para ser aplicada. Del contenido y las directrices del Plan de Convergencia para el 2010 seguimos sin la menor noticia.