Una reforma genuinamente liberal
Panorama | antonio papell
Obama ha conseguido sacar adelante su reforma sanitaria, que eleva la tasa de cobertura de los norteamericanos del 85% al 95%, lo que representa que más de treinta millones de ciudadanos de clase media saldrán de una situación d e desprotección con frecuencia angustiosa. Como es conocido, los sucesivos presidentes demócratas desde Harry Truman fracasaron en este empeño, que en todo caso divide a la sociedad americana, a pesar de que -en contra de lo que se ha dicho- la iniciativa aprobada no aproxima el modelo USA al europeo, ni agranda el tamaño del Estado. De hecho, Obama renunció al principio de esta batalla parlamentaria a la existencia de una sanidad pública, capaz de competir con la privada. Pese a las críticas de los fundamentalistas ultraliberales, la reforma no es en fin socialdemócrata sino genuinamente liberal: serán las aseguradoras privadas las encargadas de atender a estos más de 30 millones de nuevos clientes. Y a cambio de este regalo, tendrán que aceptar algunas limitaciones: no podrán rechazar a clientes que ya presenten alguna patología ni expulsarlos cuando se le detecte un problema de salud. El Estado, por su parte, se limitará a extender las subvenciones que otorga para garantizar la cobertura. Subvenciones que no podrán alcanzar la interrupción del embarazo, según el acuerdo suscrito por Obama con congresistas católicos. Pero, tras asistir a la colosal batalla dada por Obama para conseguir los votos necesarios en el Congreso -finalmente, ha logrado imponer la reforma por sólo cuatro votos, y sin un solo apoyo republicano-, lo más llamativo a los ojos de un europeo en general y de un español en particular es la evidencia de que, frente a las partitocracias del Viejo Continente, en Norteamérica todavía existe un vínculo directo y estrecho entre el elector y el elegido.
La disputa teórica entre democracias directas y semidirectas (o de segundo grado) es antigua, y seguramente no hay democracias mejores que otras siempre que se funden en el sufragio universal y en un catálogo exhaustivo y completo de libertades civiles. Sin embargo, no es dudoso que la democracia es más genuina aquellos países en que el ciudadano es actor de su participación política y no delega completamente su protagonismo en un intermediario que, con toda legitimidad pero a sus espaldas, toma las decisiones. La fórmula española configurada por la Constitución y la ley electoral vigente configura una partitocracia pura en que el político profesional tan sólo res ponde ante el aparato de su partido y el elector sólo es realmente convocado en el momento de votar. El modelo genera gran mediocridad y poderosa y creciente desafección. La mediocridad proviene de que las organizaciones no desean ser representadas por políticos brillantes, que inevitablemente reclamarían autonomía. Y la desafección es consecuencia del distanciamiento cada vez mayor entre política y sociedad, de la falta de sincronía entre los anhelos colectivos y el pulso de lo público.
La fortaleza de los partidos políticos, cuidada con mimo por los constituyentes, es un bien objetivo que convendrá preservar. Pero conciliándola con una representación real que vincule al elector con el ele gido. Sólo esta relación biunívoca, directa e intensa, otorgará verosimilitud al ceremonial democrático y llenará con auténtica encarnadura el vacío conceptual en que hoy se mueve nuestro régimen.