Internet y la prensa
Panorama | antonio papell
El pasado 29 de abril, la ministra de Cultura, González-Sinde se reunió con los principales empresarios de comunicación para sensibilizarlos sobre la conveniencia, a su juicio, de combatir desde los medios la tendencia favorable al «gratis total» en Internet. En efecto, la ministra, que al parecer ha tomado el relevo de la vicepresidenta Fernández de la vega en estos temas, se encontró con una gran contestación social al pretender cerrar páginas web que facilitan descargas mediante una disposición adicional a la futura ley de Economía Sostenible.
El asunto es complejo, pero cabe una disección cabal del problema, que tiene varios flancos. En primer lugar, es evidente que la prensa, por su propio interés y en aras de su supervivencia, sí tiene que armarse para frenar la plena gratuidad. El momento es óptimo pues las nuevas tablets -”el Kindle y la Ipad-” facilitarán el consumo de información bajo tarifa. Es patente que la prensa digital y la prensa escrita pueden coexistir en un clima de gran complementariedad, de modo semejante a cómo conviven la prensa gratuita y la de pago. El periódico de Internet ha de ofrecer el flash y la síntesis, en tiempo real, prestigiados por la marca del periódico convencional. Y el periódico de papel debe ser el soporte físico e intelectual, más denso, de su edición continua. La información exhaustiva, completa, y la opinión son caras, y quien quiera acceder a ellas deberá pagarlas en ambos formatos. De hecho, los principales periódicos del mundo están ensayando esta dualidad: webs abiertas y actualizadas continuamente que son magníficos soportes publicitarios, con acceso a recintos cerrados de pago que transcriben el periódico del día y la hemeroteca. Esta transformación, que está teniendo lugar en medio de una recesión gravísima, ha debilitado aún más a las empresas de comunicación afectadas por la crisis. De ahí que fuese razonable que el Estado saliera en auxilio de los medios para tal reconversión. El Gobierno hizo hace tiempo un amago en este sentido, que ha quedado en nada. Al parecer, sólo le interesa la buena salud de las televisiones, a las que acaba de regalar la publicidad que sostenía a la televisión pública.
Finalmente, la prensa tiene el problema de los agregadores de noticias, Google en particular. Las empresas de comunicación tienen que emprender las medidas necesarias para evitar esta parasitación de quien se lucra de contenidos ajenos no cedidos voluntariamente. Y los gobiernos han de prestarles auxilio para cortar un abuso que violenta los criterios de propiedad intelectual. Google tiene además un contencioso distinto con los operadores al realizar un negocio que se vale de las redes de telecomunicaciones sin pagar por el tráfico, pero ésta es cuestión distinta de la anterior (es sabido que la comisión europea está estudiando la implantación de la tasa Google en beneficio de las telecos). l Gobierno tiene, en fin, obligación de arbitrar entre intereses dispares y de proponer marcos jurídicos de consenso. Y haría bien prestando apoyo a sectores económicos en dificultades coyunturales -”la prensa-” obligados a severas reestructuraciones. Pero no puede pretender obtener a cambio que los medios, que por definición forman un entramado plural, acepte los criterios gubernamentales en asuntos vidriosos, como son la libertad de tráfico en Internet, las descargas P2P, etcétera, que no suelen admitir por su complejidad una valoración unívoca.