Los parientes pobres
El corro | pedro vicente
Al margen de sus estragos directos y colaterales, el plan de choque contra el déficit está dejando con las vergüenzas al aire no pocas lacras que teníamos hasta ahora como inevitables. Me refiero al exceso de Administración que soportamos en España, a las disfunciones del Estado de las Autonomías y a la desequilibrada distribución del gasto público. Ha sido necesario que nos asomáramos al abismo y que el Gobierno se haya visto forzado a sacrificar unas políticas sociales que consideraba irrenunciables para que cayéramos en la cuenta de que tenemos una Administración pública absolutamente sobredimensionada. El origen de esa desmesura no es otro que el despliegue del Estado de las Autonomías, que no se limitó a recibir y mantener las transferencias procedentes de la administración central, sino que las ha ido incrementando sin parar a lo largo de estos últimos treinta años. Buen ejemplo lo tenemos en la Junta de Castilla y León, que hace tres años aumentó de 10 a 12 el número de Consejerías y de 80 a cien el número de altos cargos sin que hubiera llegado ninguna competencia nueva a la comunidad autónoma.
Entretanto, el Gobierno central ha mantenido todos los ministerios tradicionales como si el grueso de sus competencias no estuviera transferido, y ello sin perjuicio de ir creando nuevas carteras cuando lo ha considerado oportuno. En su anterior remodelación ministerial, ya en plena crisis, Zapatero, además de no disminuir el número de ministerios, creó una vicepresidencia tercera que no ha aportado absolutamente nada. (Otra de las carencias de este Gobierno en su actuación frente a la crisis ha sido su incapacidad para concertar estrategias comunes con las comunidades autónomas).
Ha hecho falta que la crisis nos haya llegado a la altura del cuello para convenir que sobran ministerios, como sobra estructura administrativa en las comunidades autónomas. No solo consejerías -en Castilla La Mancha se han reducido de 14 a 7 sin ningún trauma- sino también buena parte de las empresas, sociedades, fundaciones y demás entes públicos que han ido engordando los organigramas de las Administraciones Autonómicas.
En contraste con ese dispendio está la desesperada situación financiera de los ayuntamientos, los parientes pobres en el festín del gasto público. El déficit estructural que arrastra la administración local ha situado a muchos de ellos al borde de la quiebra. Si fueran empresas privadas, cientos de ellos estarían en proceso concursal. Su insuficiencia financiera constituye una asignatura pendiente que el Gobierno y las autonomías vienen aplazando una y otra vez. Los 8.000 millones del Plan E del 2009 fueron un pan para hoy y hambre para mañana que no palió ese déficit estructural que ha aflorado al desaparecer de golpe los desorbitados ingresos y plusvalías procedentes del boom inmobiliario. Sin acudir a la deuda, los ayuntamientos no pueden mantener hoy todos los servicios que prestan al ciudadano. De ahí que el Gobierno tuviera que dar marcha atrás y corregir de mala manera esa irresponsable decisión de cerrarles de un día para otro el grifo del crédito. Era lo que nos faltaba y sólo ha hecho que aplazarse.