Aborto: demagogia y principios
Panorama | antonio papell
La cuestión del aborto -la interrupción voluntaria del embarazo, como dice el aséptico eufemismo- es vidriosa porque están en juego valores y creencia s trascendentes y porque la ciencia no ha sido todavía capaz de desvelar por completo los m isterios de la vida. En todo caso, el gran debate sobre el particular ya se produjo aquí hace más de veinticinco años, cuando el Congreso de los Diputados aprobaba en 1983 la ley que despenalizaba el aborto en determinados supuestos, que fue modificada en julio de 1985 tras la famosa sentencia 53/1985 del Constitucional. Con gran resistencia de los sectores conservadores, España se sumaba, al fin, a la corriente permisiva europea. Aquella ley despenalizaba tres supuestos: aborto terapéutico (cuando está en riesgo la salud física o mental de la madre), aborto tras una violación y aborto eugenésico (malformación del feto). En 1995, el Gobierno presentó un proyecto de ley para despenalizar un cuarto supuesto, el aborto por causas socioeconómicas, cuando el embarazo supusiese un conflicto personal, familiar o social, pero la propuesta no prosperó por la disolución anticipada de las Cámaras. En cualquier caso, el aborto, fuera de estos supuestos, segudo se resolvía, solapadamente, la insuficiencia de la normativa: el aborto terapéutico -el riesgo de desequilibrio psicológico de la madre- se convirtió en el gran coladero, en una fórmula de aborto libre durante los 22 primeros meses de embarazo.
Es muy significativo que el 98% de los abortos legales practicados en España durante todos estos años se hayan acogido a esta vaporosa figura. La hipocresía con que se ha vivido esta situación, tanto durante la etapa socialista como durante las dos legislaturas de gobiernos del Partido Popular, ha sido sencillamente escandalosa. La nueva ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que acaba de entrar en vigor, no hace más que regularizar aquel sinsentido mediante una ley de plazos, semejante a las que rigen en la mayoría de los países de nuestro entorno. Con una particularidad: la nueva norma se inscribe en una preocupación plausible por evitar en lo posible el número de abortos, consecutivos a embarazos no deseados, mediante la prevención y la planificación familiar. Consciente de que el aborto es siempre un grave drama para la mujer que opta por esta solución traumática, el legislador postula políticas de concienciación y prevención e implementa sistemas de protección y ayuda para las mujeres que decidan no interrumpir su embarazo pese a las dificultades a veces insuperables que les creará la maternidad. Ésta debería ser la preocupación central de la sociedad: en 2008, abortaron legalmente en España 115.812 mujeres, y la tendencia es constantemente al alza. Este dato indica la inmensa labor educativa y pedagógica que debe hacerse para reducir esta patología social, que revela falta una grave desinformación en las adolescentes y una irresponsabilidad dolosa en la población adulta.