Cataluña en campaña
Panorama | antonio papell
La confirmación por Montilla de la fecha del 28 de noviembre para las autonómicas oficializa la campaña electoral de hecho que vive Cataluña desde hace meses, y que en esta ocasión ha adquirido especial intensidad porque se presagia un profundo cambio de ciclo.
Montilla ha llevado al extremo la legislatura (tenía de margen sólo hasta el 15 de diciembre), a pesar de las voces que le reclamaban cierta anticipación electoral, para hacer coincidir la fecha electoral con el día en que tomó posesión de la presidencia de la Generalitat y para disponer de margen para intentar una recuperación in extremis de la popularidad perdida. Por una parte, es probable que en las próximas semanas irrumpa nuevamente el caso Millet en la escena política al amparo de nuevas actuaciones judiciales, aunque no hay indicios de que las comprometedoras revelaciones ya conocidas hayan afectado al apoyo social a CiU. Por otra, Montilla confía en que la opinión pública, airada por la sentencia sobre el Estatut, se vaya relajando, gracias en parte al anuncio de medidas de «rescate» impulsadas por el Gobierno estatal; de hecho, las encuestas revelan que la fuerte pulsión independentista que surgió tras el fallo del Constitucional se ha ido mitigando acentuadamente. De cualquier modo, tenían razón quienes proponían que las elecciones se hubieran celebrado en septiembre ya que el gobierno entrante hubiera tenido tiempo de preparar unos presupuestos autonómicos para el 2011, que deben ser una herramienta decisiva en la lucha contra la crisis.
En el anuncio de las elecciones, Montilla manifestó con solemnidad que, a su juicio, la consulta será esta vez trascendental ya que marcará no sólo el rumbo de una legislatura sino el de toda una generación. Y pidió a los partidos «juego limpio» e «ideas clarificadoras», en clara alusión a la ambigüedad de CiU, que oscila entre el autonomismo y el soberanismo para ganar más espectro. En una intervención posterior, Montilla reconoció que la campaña puede «encender la hoguera de las identidades». Y es que, con toda probabilidad, el debate versará sobre las consecuencias del Estatut: el PSC apuesta por el mencionado «rescate competencial», CiU considera superada la etapa estatutaria y opta por conseguir para Cataluña un estatus semejante al que disfrutan los vascos con su concierto económico, y ERC propone la celebración de un referéndum de autodeterminación, que incluso pondría como condición para reeditar el tripartito.
No parece sin embargo posible que se reproduzca la coalición de gobierno PSC-ERC-ICV porque, si se cumplen las previsibles caídas de PSC y ERC, no se alcanzarían los 68 escaños necesarios. Y no será fácil lograr una fórmula de estabilidad porque, aunque parece cantada la victoria de CiU, las últimas encuestas, que registran una bajada tanto de CiU como del PSC, no le dan más de 61 escaños, lejos también de la mayoría absoluta. En esta ocasión, Mas no ha ido al notario a registrar su compromiso de no pactar con el PP, pero el líder nacionalista tendría que dar muchas explicaciones si optase por aceptar el respaldo de los populares en la investidura y a lo largo de la legislatura. Por más que esta fórmula, que ya utilizó Pujol en al tramo final de su largo mandato, sea hoy por hoy la única que parece realmente posible, si se descarta la gran coalición CiU-PSC que tanto complacería a Ferraz y a Rodríguez Zapatero.