El desbloqueo del Constitucional
Panorama | antonio papell
Cada cierto tiempo, nuestros dos grandes partidos nos deparan la agradable sorpresa de lograr consensos sustanciosos en asuntos de Estado. El último de esos acuerdos versa sobre la renovación del Tribunal Constitucional, que adquiere singular relevancia después de la polémica sentencia sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña, cuya dilatada gestación, entre presiones exorbitantes de los partidos políticos, demoró la renovación del tercio de los magistrados que cumplió sus nueve años de mandato en diciembre de 2007. En los meses previos a tal sentencia, PP y PSOE no lograron ponerse de acuerdo sobre la conveniencia o no de una renovación que hubiera cambiado a parte de los árbitros a mitad del partido, y ciertamente había entonces argumentos para mantener la composición del tribunal; sin embargo, una vez dictada la sentencia ya no había justificación alguna para dilatar la renovación.
Sin embargo, la elección de los cuatro nuevos magistrados a propuesta del Senado suponía una alteración del equilibrio ideológico del Tribunal, ya que los cuatro cesantes, tres conservadores -”Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y el vicepresidente Guillermo Jiménez-” y un progresista -”la presidenta del TC María Emilia Casas-”, elegidos cuando gobernaba el PP, serán sustituidos por dos progresistas y dos conservadores. Y un sector del principal partido de la oposición, encabezado por Federico Trillo, era partidario de frustrar la renovación para no perder la posición de privilegio, pese a que el signo de las urnas había cambiado. Así, con la actual composición del TC, era posible que decayeran algunas leyes socialistas, como la nueva regulación del aborto.
El entorpecimiento de la renovación institucional era, evidentemente, un fraude de ley, por lo que, con buen sentido, la dirección del PP, impulsada por la secretaria general Dolores de Cospedal, rechazó el obstruccionismo de Trillo y buscó el acuerdo con el PSOE, lo que requirió la retirada de su candidato Enrique López, exportavoz del CGPJ y vetado por la Cámara Alta por razones técnicas (no acreditó los quince años de experiencia necesarios). Su sustituto será el catedrático de la Complutense Francisco Pérez de los Cobos. Por parte socialista, los nuevos magistrados serán Adela Asúa, catedrática de Penal en el País Vasco, propuesta por el Parlamento de Euskadi, y el catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega, propuesto por la cámara castellano-manchega. El PP designará próximamente a su segundo candidato. El acuerdo PP-PSOE incluye también la renovación de los cuatro magistrados elegidos por el Congreso, cuyo mandato caduca el próximo mes, y el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo.
El cumplimiento de los plazos constitucionales hace recomendable una reforma legislativa que acorte a seis años el mandato de los magistrados que van a ser elegidos por el Senado para que, en el futuro, las renovaciones por tercios se produzcan con normalidad. Y sería deseable que esta modificación de la ley orgánica del TC incluyese algún mecanismo que hiciera imposibles los retrasos. Por ejemplo, disponiendo el cese automático de los magistrados al cumplirse su mandato de nueve años, al igual que cesa el Defensor del Pueblo cuando concluye el quinquenio para el que fue nombrado. De este modo, las marrullerías de los partidos no interferirían en la composición de una institución que es clave en la estabilidad del sistema.