La limpieza de un proceso opositor

Han tenido que pasar casi dos años desde que algunos de los opositores decidieron impugnar las pruebas de la Diputación de León para cubrir las plazas de auxiliar administrativo. Dos años, en los que la presidenta de la institución, Isabel Carrasco, y el responsable de Personal, Raúl Valcarce, entre otros vieron cómo se querellaban contra ellos por vía penal. Ahora el juez ha fallado y decide archivar la causa por falta de pruebas y, sobre todo, por «falta de rigor» en las sospechas, lo que impide concluir indicios de culpabilidad. Evidentemente, los demandantes tienen posibilidad de recurrir, pero con el fallo se deja claro que el proceso opositor fue limpio y que no se ha podido demostrar ni una sola de las denuncias de las que hablaban los demandantes, entre ellas las supuestas filtraciones de los exámenes para favorecer a algunos examinandos frente a otros.

Y es que el auto del magistrado es tajante en sus conclusiones y concluye que no se puede avalar una supuesta imputación con «meras sospechas, recelos, suspicacias o conjeturas, sino que debe hacerse con indicios» y esto es, precisamente, lo que falta en la demanda. El fallo da por cerrado un caso que servirá, además, para regularizar las cuarenta plazas de auxiliar administrativo que en su día de ofertaron y cubrieron.