Carbón: error tras error

La minería tiene en Castilla y León una larga tradición. Somos la primera Comunidad Minera en España en cuanto al valor de la producción de los distintos recursos que explotamos lo que nos sitúa en el 22% de la producción nacional. Por la importancia que tiene para el empleo, 8.000 puestos de trabajo directos y por el interés estratégico de los recursos, la minería repres enta una de las actividades industriales más relevantes de nuestra región, por ello ha sido objeto de especial atención y ha recibido importantes apoyos de la Junta de Castilla y León para favorecer la inversión y el mantenimiento del empleo. La importancia del sector minero del carbón, con 3.200 empleos directos, no viene dada solamente por el número de trabajadores directamente ocupados, sino porque cada puesto de trabajo directo genera aproximadamente 3 puestos de trabajo indirectos.

La situación del carbón actual se debe a una serie de acontecimientos que voy a analizar: la participación del carbón en el mix energético español la cerró el Gobierno Aznar en diciembre de 1996, en el Protocolo Eléctrico que estableció el incentivo al consumo de carbón autóctono, conocido como la peseta/kWh. Este incentivo funcionó a la perfección hasta 2006 inclusive momento en el que el Gobierno Zapatero, con Joan Clos, promulgó un Real Decreto-Ley, que sustituiría el incentivo por un sistema de primas, similar al régimen especial, aunque se mantendría el incentivo en tanto se desarrollaba el nuevo sistema. El Gobierno jamás llegó a aplicarlo.

En 2007 y 2008, se incluyeron en la tarifa eléctrica los incentivos al consumo de carbón autóctono, pero el dinero nunca se liquidó a las eléctricas y quedó consignado en una cuenta de la CNE. En esos dos años el precio del carbón internacional era superior a los contratos de suministro de carbón español. En 2009, en un error de previsión terrible, el Gobierno eliminó de la tarifa el incentivo al consumo de carbón nacional y ordenó a la CNE utilizar el dinero consignado en 2007 y 2008 para reducir el déficit de tarifa de 2009. Como en 2009, y ya desde el estallido de la crisis financiera en agosto-septiembre de 2008, el carbón internacional había caído por debajo del precio del nacional, ya sin incentivo, comenzó a no quemarse carbón español en las térmicas, pese a ser las eléctricas firmantes del Protocolo, en lo que fue una muestra de la -˜gran autoridad-™ del Gobierno sobre el sector.

Pese a que desde Castilla y León se advirtió al Gobierno del problema, por escrito y en reuniones a tal efecto, no reaccionó hasta que en julio de 2009 Endesa anunció que cerraba el parque de carbones de la central de Compostilla por saturación, y dejó de comprar carbón a las empresas mineras, incumpliendo sus compromisos del Protocolo Eléctrico y los contratos firmados con las empresas mineras. Rápidamente se unieron a esta posición el resto de las centrales térmicas, con los parques de carbón llenos. Entonces, como parche coyuntural, el Gobierno en Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, creo el Almacenamiento Estratégico, por el que Hunosa pasó a comprar el carbón que ya no compraban las eléctricas. Había que establecer un procedimiento para que se volviese a quemar el carbón. El gobierno establece como solución el Real Decreto de procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, se publicó en el BOE en febrero de 2010, pero no se aplica desde entonces.

En ese momento el Comisario de la Competencia de la Comisión Europea pidió retirar el procedimiento de pago de lucro cesante a las térmicas que salen del programa diario, las de fuel, carbón importado y gas, por este orden, para que entren las que queman carbón nacional. No fue hasta el 29 de septiembre de 2010 cuando se produjo la Decisión favorable de la Comisión.

A partir de ahí, se aprobó el RD con las modificaciones exigidas y posteriormente las resoluciones de desarrollo legislativo necesarias, aprobando precios y producciones por centrales térmicas, asignando las minas que deben abastecer a estas centrales y aprobando los nuevos Procedimientos de Operación necesarios. Desgraciadamente, en una nueva muestra de -˜autoridad-™ del Gobierno, tres compañías eléctricas recurrieron el RD y estos desarrollos legislativos e incluso la Decisión de la Comisión Europea, con lo que está en suspenso la aplicación de la solución diseñada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para volver a q uemar carbón nacional.

Mientras, el Ministerio de Economía dejó de dotar económicamente a Hunosa para comprar carbón en marzo de 2010; las empresas mineras no facturan carbón desde mediados de marzo de este año. Eso sí, el Ministerio de Industria les adelantó las ayudas al funcionamiento de todo 2010 en mayo. Pero estaba previsto que el RD tuviera el visto bueno en julio y se aplicara en agosto, lo que aún no ha sucedido. Todo esto ha generado una situación de tesorería angustiosa en las empresas mineras y tras comenzar hace meses el retraso o impago de nóminas, ahora ya estamos en una fase mucho más preocupante aún, con EREs generalizados en el sector y empresas auxiliares.

Desde Castilla y León, dentro de nuestras competencias hemos urgido al Gobierno a diseñar urgentemente una solución, lo que se demoró mucho más allá de lo razonable y, lo que es peor, dejando pasar la presidencia española de la Unión sin una solución.

Una vez que el Gobierno decidió por fin cómo actuar, la Junta de Castilla y León le ha dado todo su apoyo, urgiendo por escrito a todo el Colegio de Comisarios, al Presidente de la Comisión y al del Consejo, a otorgar cuanto antes la Decisión de la Comisión que era necesaria para desbloquear administrativamente el procedimiento de restricciones por garantía de suministro que permitiría quemar el carbón. En sintonía con la Abogacía del Estado, nos hemos personado en el Tribunal Supremo en apoyo de los desarrollos legislativos necesarios. También, junto a las otras CC.AA. con producción de carbón, nos hemos personado en los procedimientos contra la Decisión de la Comisión en el Tribunal de las Comunidades Europeas. Desde el Gobierno de Zapatero se requiere una actuación inmediata y contundente. La incapacidad para haber consensuado con las empresas eléctricas una solución aceptable, en el marco de una estrategia energética global, requiere hoy, como única solución de efecto inmediato, la retirada de los recursos de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola. No se puede esperar a una decisión judicial que puede retrasarse.

Al tiempo que se producía esa situación, la Comisión Europea estaba tramitando el nuevo Reglamento de ayudas al funcionamiento de la minería del carbón que establece en principio el fin de las ayudas al carbón en el año 2014. Casi dos terceras partes de lo s eurodiputados, con especial protagonismo de los españoles, respaldaron la propuesta del Parlamento Europeo al Consejo, para que las ayudas se extiendan hasta el 31 de diciembre de 2018.

Así, la decisión definitiva sobre el marco de ayudas el carbón deberá tomarse en el Consejo Europeo el próximo 10 de diciembre, o como más tarde en el Consejo de Jefes de Gobierno que cierra la Presidencia belga el 18 de diciembre. El Gobierno de Castilla y León quiere proponer el nuevo Reglamento, al menos, para 2011-2020.

Así, en la cumbre entre Castilla y León y Asturias, celebrada el 29 de enero de este año en Valladolid, se acordó reivindicar conjuntamente ante el Gobierno de España y la UE la defensa de un nuevo Reglamento específico de ayudas al carbón, colaborando ambos Gobiernos para propiciar medidas que aseguren un marco estable para el consumo de carbón nacional en la generación eléctrica y ello desde la perspectiva de la garantía del suministro, compatible con el libre mercado y el plan nacional del carbón vigente. Esto ha permitido elaborar el Manifiesto de Apoyo al Mantenimiento de un sistema especifico de ayudas al acceso de reservas para el carbón de España y Alemania, firmado por Castilla y León, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Carbunión y la Asociación de Hulla de Alemania. Fue firmado el pasado 5 de Noviembre.

Nosotros queremos que la nueva regulación para el carbón se implemente a partir de 1 de enero de 2011 y recoja todas las ayudas vigentes en la actualidad y mantenerlas al menos hasta el 2020. No se puede condicionar las ayudas al funcionamiento exclusivamente al contexto de un plan de cierre, lo que rechazamos frontalmente. Por su parte el Estado Español debe dar por concluida su reestructuración y apostar por la estabilidad del sector al menos en sus volúmenes actuales. En los países europeos que como España den por concluida su reestructuración, la nueva regulación debe permitir sustituir la regresividad de la Ayudas prevista en el actual Reglamento por su no incremento considerado en euros constantes. +Estas ayudas deben estar basadas en un nuevo Reglamento específico de ayudas a la industria del carbón que sustituya al actual que caduca el próximo 31 de diciembre . Además el apoyo al mantenimiento del sector es coherente con los esfuerzos en Europa y España por avanzar en la generación limpia con carbón de captura y almacenamiento de CO2. Existe un importante sector de bienes de equipo muy ligado al sector del carbón, y con grandes posibilidades de desarrollo en la captura y almacenamiento de CO2.

Para concluir, cabe exigir al Gobierno contundencia en la defe nsa del carbón, donde ya no vale actuar con la parsimonia que se ha hecho hasta ahora. Primero hay que llegar a una solución extrajudicial para que las eléctricas retiren los recursos que bloquean la aplicación del RD, es urgente. Es el Gobierno quien tiene las competencias para esta gestión, que coincide con el proceso de titulización de más de 14.600 millones de euros del déficit de tarifa eléctrica. Segundo: hay que tener en cuenta que el lamentable error de previsión del Gobierno al eliminar el incentivo al consumo de carbón autóctono en 2009, ha hecho que tengamos un problema específico de España que no ha permitido prestar la adecuada atención al nuevo Reglamento. Es básico que el Gobierno se involucre al máximo nivel para que el 10 ó el 18 de diciembre el Consejo adopte la totalidad de las modificaciones a la Propuesta de Reglamento de la Comisión aprobadas por el Parlamento Europ eo.