Un chantaje que no debe quedar impune

Los controladores han puesto en jaque a todos los aeropuertos del país, a las compañías aéreas, a los ciudadanos y a todo un Gobierno, que se ha visto obligado a decretar por primera vez en la historia de los 35 años de Democracia del país el estado de alarma y hacer que el ejército tomara los aeropuertos, para obligar a los -˜dueños-™ de los mandos de las torres de control que cumplieran con su trabajo. No es la primera vez que intentan un chantaje de este tipo, pero sí la vez que más lejos han llegado. Desde luego, si tenían alguna razón en sus argumentaciones y peticiones, la han perdido, porque con su paro-chantaje lo único que han conseguido es generar enormes pérdidas a la compañías aéreas, dañar la imagen de España en el extranjero y dejar en tierra a más de 600.000 pasajeros en uno de los puentes con mayor afluencia de turistas del año.

No es de recibo que, en esta época de crisis, cuando todos los sectores buscan bocanadas de aire fresco que les permitan solventar los malos tiempos, la actuación caprichosa de unos hombres y mujeres que cobran más de 200.000 euros de salario al año -”en algunos casos superan el medio millón de euros-” pueda poner en peligro a todo un país. Por eso, y una vez que parece se ha atajado el problema -”habrá que ver hasta cuándo-”, es el momento de exigir responsabilidades a los responsables de caos aeroportuario, para que actuaciones de este tipo no queden impunes ante la sociedad. Los ciudadanos, que durante estos dos últimos días se han visto tirados en los aeropuertos, del país, claman justicia y exigen «mano dura» y no les falta razón. Es el Gobierno el que debe ahora actuar y aplicar esa «mano dura» que le reclaman los ciudadanos contra un sector que, un puente sí y otro también, unas vacaciones sí y otras también, realizan acciones de protesta que no son más que verdaderos chantajes. El derecho a la huelga, a la protesta y a la manifestación está regulado por la Constitución y en ella se deja claro que en todo proceso de paro general se deben fijar unos servicios mínimos. Los controladores se creen por encima del Estado de Derecho.