Diario de León
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ANTONIO papell
León

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A la misma indiferencia con que la superestructura política de este país recibió todas las advertencias sobre los peligros que representaba la burbuja inmobiliaria ha sido la actitud con que las elites políticas y sociales han desoído los temores que suscitaba la excesiva dependencia energética española. Los riesgos provocados por esta situación no tienen sólo un fundamento cuantitativo -el 81,4% de las fuentes energéticas ha de importarse, un 4,7% más que en el 2000- sino también cualitativo: el petróleo y el gas de que nos abastecemos proviene de países altamente inestables, dictaduras árabes en su mayor parte. No cometeré la imprudencia de decir que lo que está sucediendo en el Norte de África y en el Cercano Oriente era previsible, pero tampoco cabe afirmar que resultaba impensable. Pese a la mencionada dependencia del 81,4%, muy superior al 53,8% de la UE de 27 países, aquí no se ha medido con la debida preocupación la envergadura del problema. Al tiempo que se invertía meritoriamente en energías renovables limpias, más por razones medioambientales que estratégicas, se cuestionaba frívolamente la continuidad de la energía nuclear. Y los partidos políticos no se han tomado con el interés necesario la búsqueda de un pacto energético que asegure una política permanente y a salvo de alternancias en una materia tan vital.

Ha tenido que sobrevenir el proceso revolucionario de los países árabes para que el Gobierno diera muestras de inquietud y, con la falta de método que caracteriza la gestión de Sebastián, comenzara a tomar atropelladamente medidas inconexas. La chapucera reducción provisional de la velocidad en autopistas a 110 kmh, más incómoda que significante, comenzó una lista en la que también figuran una rebaja del 5% en el precio de los transportes públicos (a la que se niegan las comunidades autónomas), un incremento de biodiesel en el gasóleo, el uso de lámparas más eficientes en el alumbrado público, un estrafalario Plan Renove de neumáticos (cuando lo que habría que renovar son os viejos automóviles), el cierre anticipado de edificios públicos, un menor uso de los coches oficiales, etcétera. Siguiendo esta pauta improvisada, los entes locales se devanan los sesos para implementar nuevas ocurrencias, que sin duda tiene un alto valor simbólico pero cuya utilidad real es escasa, y desde luego insuficiente para abordar el problema con eficacia. El procedimiento del goteo de medidas muestra insolvencia e improvisación y resta eficacia a las actuaciones. Lo necesario es concertar cuanto antes un mix energético con la oposición y diseñar estrategias flexibles de futuro, adaptables a la evolución de la oferta y de la demanda y susceptibles de proporcionar el servicio más eficiente. De esta forma, además de conseguir ahorros, se lograría mayor seguridad jurídica de los inversores, que hoy se ven burlados por la volubilidad del propio Gobierno, con lo que ello supone de insolvencia como país ante los ojos de la comunidad internacional

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