¿El más votado?

Uno de los más reconocidos periodistas políticos de este país ha lanzado en la tranquilidad de estos pasado días vacacionales una inquietante pregunta que, aunque prematura, sobrevolará sin duda los próximos meses el panorama político español y determinará las estrategias de todos los partidos: ¿se mantendrá en las elecciones generales del 2012 -o antes, si se anticipan- la norma no escrita de que deberá formar gobierno el líder del partido político más votado? El periodista mantiene la tesis de que si el PSOE, con Rubalcaba de candidato, consigue detener la débacle que le augura la mayoría de las encuestas y alcanzar en las legislativas entre 155 y 158 diputados, intentará formar gobierno con el respaldo de las dos grandes formaciones nacionalistas, CiU y PNV, y, si fuera preciso, también con el de IU, que en esta ocasión experimentará previsiblemente un sensible crecimiento, al recibir a una parte significativa de los desencantados del PSOE por la izquierda.

Podría, así, darse el caso de que el PP, g anador de las elecciones aunque sin alcanzar la mayoría absoluta -176 escaños-, terminase en la oposición. Una fórmula perfectamente democrática pero que generaría sin duda inestabilidad en el sistema y frustración en sectores muy amplios de la sociedad. Así lo entendió Felipe González en 1996, consecuente con su tesis, enunciada bastante antes, de que tras unas elecciones generales debía intentar formar gobierno en todo caso el partido más votado. En consecuencia, renunció a la posibilidad de aglutinar una mayoría, que fue bien real después de los ajustados resultados que se registraron: el PP consiguió 156 escaños con 9.716.000 votos, en tanto el PSOE logró 141 con 9.426.000. La Izquierda Unida de Julio Anguita obtuvo 21; CiU, 16; PNV, 5; Coalición Canaria 4 y BNG y HB dos cada uno. Hubiera bastado una coalición de los dos partidos de izquierdas y la abstención de los nacionalismos para que el Partido Socialista continuase en el poder. Sin embargo, el sentido del Estado de González hizo que ni siquiera se barajase entonces la posibilidad de que Aznar no fuera el presidente del Gobierno.

Las circunstancias son hoy relativamente distintas, y aunque parece muy extendido el criterio de que si el electorado impulsa la alternancia entre los dos grandes partidos habría que atender el requerimiento, no se pueden descartar aquellas fórmulas que cumplan los requisitos constitucionales objetivos. En 1996, a pesar de la seria decadencia del gobierno socialista, se mantenían todavía ciertos criterios de juego limpio de caballerosidad política que lamentablemente se han perdido. Y en esta ocasión pesará también si duda la debilidad del líder de la oposición, que es manifiestamente incapaz de suscitar ilusión en el electorado y de adueñarse de la cuota de popularidad que ha perdido la mayoría socialista por sus errores en la gestión de la crisis económica.

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