Paliativos, el cuidado pendiente

Entre sesenta mil y setenta mil personas pasan cada año por las unidades de cuidados paliativos de todo el país en fase terminal de enfermedades como el cáncer, disfunciones orgánicas o afecciones neurodegenerativas, el alzhéimer por ejemplo. El Gobierno se propuso aglutinar toda la normativa aprobada en las comunidades autónomas en una que los profesionales de la medicina consideran que, ante todo, debe de fomentar la confianza entre los facultativos y los enfermos a la hora de afrontar los últimos días de éstos. De las aproximadamente 370.00 personas que anualmente mueren en España, entre el 50% y el 65% llegan a ese momento en las fases finales de enfermedades, lo que supone que precisarían una atención específica. Se trata, en definitiva, de proteger el derecho a morir de los ciudadanos con dignidad y evitar sufrimientos innecesarios. Sin embargo, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos se advierte que las camas hospitalarias que existen en España son insuficientes. Haría falta disponer de alrededor de cinco mil plazas entre hospitales de agudos y de larga estancia.

Ocurre lo mismo con la atención a domicilio: estamos muy por debajo de las cifras estándares de un médico y una enfermera por cada 100.000 habitantes, aunque hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, algunas de las cuales han realizado importantes avances hasta encontrarse en una provisión relativamente alta. Más de un centenar de hospitales repartidos por todo el país —al menos la mitad de ellos públicos— tienen unidades o equipos de paliativos. A ellos hay que sumar las unidades domiciliarias.

En León la sanidad pública dispone de diez plazas en la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del Hospital Monte San Isidro y dieciséis concertadas en San Juan de Dios, una oferta a todas luces insuficiente que sin duda mejorará con otras diez en el primer centro, que duplicará así su capacidad. Era una demanda justa y un servicio necesario, probablemente limitado por los tremendos recortes impuestos también en las prestaciones sociales. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la razón económica se ponga por encima de la razón de la conciencia. Y eso aplicado a la sanidad es sencillamente terrorífico.