Deuda y gestión

Todos somos conscientes de las dificultades económicas que atraviesan las cuentas públicas, desde el Estado hasta los ayuntamientos más pequeños, como consecuencia de la crisis económica mundial. El Ayuntamiento de León no ha podido escapar a esta situación y como consecuencia de ello ha acumulado una deuda importante cuyo importe es objeto de discusión tanto por la corporación municipal saliente como entrante. Dicho importe se cifra entre 250 y 400 millones de euros dependiendo de la fuente consultada, lo que implica una deuda por habitante de por lo menos entre 1.865 y 2.984 euros, ya que a estos importes habrá que sumarle los intereses correspondientes.

De estos datos cabe deducir que la gestión de la corporación municipal ha sido un tanto deficiente y deberíamos plantearnos cuál es el motivo de esta situación. Habitualmente se atribuye, por lo menos en parte, esta situación a los ingresos de los responsables municipales.

Hay un sentimiento popular considerando las remuneraciones de los políticos excesivas y ciertamente la situación económica y social actual en nuestro país induce a criticar dichas remuneraciones. Sin embargo, esta inculpación es un tanto demagógica, ya que los cargos de responsabilidad del Ayuntamiento han tenido unas remuneraciones en el año 2010, como consta en los presupuestos del Ayuntamiento de dicho año, de 900.000 euros. Puede parecer una cantidad importante y efectivamente lo es, sin embargo se corresponde únicamente con el 1,32% de los gastos de personal y constituyen solo el 0,6% de los gastos corrientes totales del presupuesto del Ayuntamiento en el año 2010. Por tanto, la deuda municipal no se puede atribuir a este concepto exclusivamente. Ahora bien, los cargos electos son los responsables de la gestión de las cuentas municipales y por tanto responsables de los presupuestos y deuda generada.

Una vez que ocupan cargos de responsabilidad, estos ciudadanos parecen olvidar que trabajan para la sociedad y que el ejercicio de la transparencia debe ser una constante en sus actuaciones, incluidas las presupuestarias y su seguimiento, ya que los ciudadanos tienen derecho a conocer las actuaciones del Ayuntamiento y la distribución del dinero que aportan al mismo. Para ello, el gobierno municipal dispone de un canal de información esencial como es la página web del propio Ayuntamiento de León que, sin embargo, actualmente en ésta sólo aparecen los presupuestos del año 2009.

Una vez que somos conscientes del oscurantismo de las cuentas públicas, desde el Ayuntamiento nos hacen llegar esporádicamente ciertas noticias sesgadas impregnadas de interés político, tales como las referentes la liquidación de la deuda del Ayuntamiento con los proveedores por la anterior corporación municipal. Esta liquidación indudablemente debe ser una prioridad, ya que de eso puede depender la viabilidad de numerosas empresas, el crecimiento de León y el sustento de muchas familias. Hecho que ha pasado desapercibido para anteriores corporaciones municipales, que se sienten orgullosas de pagar deudas con hasta seis años de retraso mediante fórmulas contables de factoring-confirming.

Además, como prueba de falta de transparencia figura el hecho bochornoso de que el Ayuntamiento de León sea el único de más de 100.000 habitantes dentro de la comunidad de Castilla y León y uno de los siete de todo el país, que no ha remitido sus cuentas a la evaluación del Tribunal de Cuentas durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Por lo tanto, cabe deducir que el problema financiero radica en la escasa capacidad de gestión, quizá debido a la escasa formación, de los cargos municipales responsables. No comparto la opinión extendida de que los cargos públicos deban tener menores remuneraciones de las actuales, ya que en sus manos está la gestión de importantes cantidades de dinero público y por tanto debe ser gente bien preparada y responsable. Estos dos últimos aspectos es de los que en términos generales carece nuestra clase política actual. Nuestros políticos deben estar bien remunerados, pero ser responsables de sus actuaciones, en el ámbito civil e incluso en el penal por su mala gestión, de la misma forma que responde un directivo de una empresa privada. Sin embargo, esto requeriría un cambio legislativo del que son responsables los propios políticos y chocaría frontalmente con el mantenimiento de la impunidad de su gestión que han mantenido hasta ahora, actuaciones ilegítimas respaldadas por la legislación vigente. Exagerando ciertamente, se podría definir como la tiranía de la democracia. El problema no es por tanto la remuneración de los políticos sino su falta de preparación y carencia de responsabilidad, ya que si bien sus acciones pueden tener en el corto plazo una visión positiva por parte de los ciudadanos, en el largo plazo pueden provocar el colapso de los municipios. Indudablemente la premisa esencial sería coordinar de forma paralela la alta remuneración con la responsabilidad correspondiente.