Cataluña

Tuvo Cataluña esta semana una intensa presencia institucional en Madrid: de un lado, la Generalitat celebraba en la Residencia de Estudiantes la Diada en un acto solemne en el que participaron el presidente de Cataluña, Artur Mas, y el portavoz de CiU en el Congreso, Duran i Lleida; de otro lado, el Congreso de los Diputados votaba afirmativamente, con el voto en contra del PP, una moción que respalda el actual modelo de inmersión en catalán, y otra que propicia la recepción de la televisión autonómica catalana en Valencia y de la valenciana en Cataluña, en este caso con la abstención del PP.

La intervención de Mas consistió en el enunciado del principal agravio y en la enumeración de los tres puntos innegociables para la Generalitat pase lo que pase el 20N: la identidad catalana (la tradición cultural y el idioma), el autogobierno y la reclamación de una mayor equidad en el reparto de las cargas solidarias. El problema del nacionalismo catalán en Madrid consiste en que la reivindicación permanente llena el discurso de monotonía y lo hace inaudible para quien se acostumbra al tono quejumbroso de la reclamación. Y en este aparatoso planteamiento, que simula un resonante rasgamiento de vestiduras, hay poca sustancia política (aunque parezca otra cosa) y sí un irresuelto problema económico que algún día habrá efectivamente que abordar.

Vayamos por partes: la sentencia del Estatut, probablemente dolorosa en su momento para el nacionalismo, se limitó a podar aspectos de la carta catalana que pretendían solapadamente rebasar los límites constitucionales de la autonomía política que describe la Constitución de 1978. Pudo resultar frustrante la medida pero no se rompió pacto fundacional alguno. Y en lo tocante a la reforma constitucional de ahora, CiU tiene razón al quejarse pero el asunto no es grave, se mire como se mire: el pacto PP-PSOE no se trama para recortar derechos ni para limitar autonomías sino para constitucionalizar a toda prisa la solvencia española ante la UE y ante la comunidad internacional, con el fin de evitar una débacle. La verdadera cuestión pendiente, que precipitó la fallida reforma estatutaria y que paradójicamente no se resolvió con ella, es la del límite a la solidaridad. En los estados federales existe, en efecto, un límite, generoso pero concreto, a las transferencias entre regiones ricas y pobres. Parece lógico que este límite se establezca también aquí. Pero para que esta tarea sea viable, para que se pueda suscribir un pacto fiscal que necesariamente requiere un amplio consenso político y territorial, habría que recomponer primero los puentes entre Madrid y Barcelona, que rebajar la irritación de los discursos, que restablecer una cierta confianza recíproca y que replantear el Estado complejo y compuesto de forma más constructiva.