Cada vez menos iguales

A estas alturas ya sabemos que no podemos esperar ninguna coherencia en los partidos políticos que están en el poder o aspiran a estarlo. Estamos aburridos de ver como modulan continuamente sus posiciones en función de sus conveniencias más o menos coyunturales, con frecuencia haciendo, no ya algo diferente, sino exactamente lo contrario a lo que se habían comprometido. Pero el giro copernicano dado por el gobierno Zapatero a partir de mayo del 2010 —que ahora intenta maquillar con la recuperación del impuesto sobre el patrimonio— no es el único cambiazo que nos están dando con la coartada de la crisis. Antes de que Zapatero abdicara, el PP se había pasado años acusando al PSOE de promover las desigualdades entre los españoles, al realizar concesiones a determinadas comunidades —singularmente Cataluña a raíz de su nuevo estatuto— en perjuicio de las demás autonomías. Fue aquel «España se rompe» enarbolado por un PP que, frente a las asimetrías producidas por la «geografía variable» asumida por los socialistas, presumía de ser el único partido que mantenía el mismo discurso en todo el Estado. Olvidaban los populares aquella etapa en la que Aznar, hablara o no catalán en la intimidad, cedía a las exigencias de Pujol a cambio de que los nacionalistas catalanes le prestaran apoyo parlamentario para gobernar en minoría. Pese a ello, no dejaba de ser cierto que el PP ha venido manteniendo un discurso bastante uniforme en toda España.

Pero he aquí que ese principio, consistente en que cualquier español tenga los mismos derechos y obligaciones sea cual sea el territorio donde reside, está comenzando a saltar por los aires. Y no son ni nacionalistas ni socialistas los que lo están dinamitando, sino el propio PP a través de determinadas políticas que ha comenzado a aplicar en algunas comunidades que gobierna. Especialmente preocupante, por afectar a un derecho trascendental, son los recortes en el ámbito de la educación, que en la práctica van a deteriorar la calidad de la enseñanza pública allá donde se perpetren. Si ya es grave introducir discriminaciones laborales entre el profesorado del mismo nivel, mucho más lo es que el alumnado de unas comunidades reciba una Educación de peor calidad que el de otras. Y abierta la veda podemos asistir a esa misma desigualdad en la Sanidad Pública y en otras prestaciones sociales básicas.

No menos incongruente es la posición del PP en torno al Impuesto sobre el Patrimonio, que va del rechazo en Valencia, Aragón y Murcia a la aceptación en Extremadura pasando por la ambigüedad de otros gobiernos autonómicos, como el de Castilla y León. ¿Dónde queda por este camino la cacareada igualdad territorial de todos los españoles?