Otro modelo de gestión (I)

Si se analiza España como empresa, de forma simple, se infiere una estructura de capital con un déficit creciente y crónico de la contribución relativa de los fondos propios respecto a la capitalización total y en la cobertura de los costes fijos e indirectos por los resultados ordinarios que cercena su capacidad de inversión. Esa carencia se ha compensado históricamente por aportaciones extraordinarias ajenas a la financiación corriente.

Repasando a modo profano los años del posfranquismo, existe un paralelismo entre las cuatro grandes etapas de gobierno partidista y las necesidades de capitalización heredadas. De la transición a la etapa de gobiernos de UCD, las entradas provienen de la inversión de empresas multinacionales; a la llegada socialista de González los fondos salvadores proceden de la Comunidad Económica Europea; en la presidencia de Aznar el déficit se conjuga con la venta de los activos patrimoniales, privatización de empresas públicas; en la actual etapa, presidencia de Zapatero, con el exceso de deuda por encima del límite de riesgo; y en la próxima, si no se remedia, agotado el crédito, esos euros millonarios necesarios ¿serán de los acrónimos FMI y BCE?.

Se podría establecer que la alternancia de partido gobernante sobreviene con el fin del apalancamiento positivo, percepción real de dificultad económica, de ahí la apreciación de que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde quien gobierna.

Se observa, también, una gestión de esa empresa España con criterios «políticos» y no con la intención de corregir esa metástasis, básicamente, una innecesaria organización administrativa, un descontrol de gastos discrecionales, los pagos del constante incremento del endeudamiento, imposibles costes indirectos y, por tanto, insuficiencia de recursos para inversiones e I+D que mejoren la productividad que, unido a un sobrecoste energético, se traduce en falta de competitividad y una constante demanda de fondos ajenos que derivan en una espiral de quiebra. Si se suma corrupción y una importante economía sumergida parece que se camine ineludiblemente al cataclismo.

Cabría aseverar que la dirección de España S.A. por el bipartidismo se encuentra encarcelada tras los barrotes del nacionalismo autonómico, el voto funcionarial y corporativista, la remuneración sindical y la constante búsqueda de punto de cuota de mercado electoral en nichos minoritarios.

Y ante la situación de emergencia económica actual los remedios que se publicitan inciden en el corto plazo, en la liquidez, marco laboral de la empresa privada, retoques de imagen que faciliten la financiación externa, evitar la suspensión de pagos, pero no a corregir esos trastornos estructurales ni a tomar medidas de largo plazo y disruptivas para salir de esa espiral de bancarrota, si acaso la insuficiente despolitización de la gestión de las cajas de ahorro. Sin embargo escapar de ese torbellino requiere un viraje brusco, diferenciar tajantemente política y administración económica, una modificación radical de la organización administrativa de la corporación España, una revisión total de la incontrolada producción de legislación administrativa y una reducción consecuente de los costes energéticos. Por lo menos.

El actual sistema de autonomías no ha supuesto una descentralización del Estado sino una subcentralización en las capitales autonómicas. Además, la organización administrativa basada en Ayuntamientos origina una continua concentración de actividad económica y población en los más grandes, a lo que se une ahora la situación preconcursal de casi todos ellos, en parte a consecuencia de aquello. Reestructurar la compañía España implica rediseñar su organización, reinventar el proceso de nombramientos y selección de administradores, redefinir el perfil profesional de los trabajadores públicos y revisar su control de gestión, en base a los principios de descentralización, desconcentración, flexibilidad, libertad asociativa, despolitización y separación de funciones.

Es más que recomendable e imprescindible rebajar a tres los niveles del organigrama de la administración territorial, un nivel de entidad menor, pueblo o distrito vecinal de la ciudad; una entidad intermedia, espacio natural comarcal o barrio, y una entidad superior, nivel provincial o en casos concretos el autonómico actual. Asimilar sus órganos de gestión a las características del Consejo de Administración de las sociedades empresariales, constituido en el primer nivel por un número mínimo de gestores y por un representante de cada entidad inferior en los otros dos. Con ello no sólo se consigue una reducción inimaginable de costes sino que se pretenden los principios de igualdad territorial y equiparación entre pueblos y ciudades.

Esta propuesta supone eliminar los ayuntamientos suprimiendo ese nivel organizativo y liquidando esa institución quebrada, micronizar las ciudades, reconfigurar la función de las diputaciones y reconducir las autonomías al estricto ámbito legislativo. Son preferibles las figuras organizativas puntuales y a voluntad como entes territoriales asociativos, verbigracia regiones de conveniencia para optimizar la captación de recursos provenientes de la CEE. Implica un dibujo de abajo a arriba.

Para impeler talento directivo, es clave cambiar el proceso electoral, la selección de dirigentes. Nombrar en el nivel inferior a los gestores de modo directo pudiendo ser hasta a mano alzada en poblaciones pequeñas, o informatizado, mediante elección sobre la totalidad de su censo electoral correspondiente en otro caso, distinto del proceso de listas abiertas, y que no debe coincidir ni en la forma ni en el tiempo con las elecciones legislativas que mantendrían su proceso propio. Simplificar el sufragio a nivel de entidad menor, estableciéndose la representación directa e igualitaria de cada entidad inferior en los otros dos niveles intentando equilibrar el desarrollo socioeconómico territorial y abaratando de modo considerable el proceso electoral.

Una reorganización administrativa territorial que solo plantee la agrupación de ayuntamientos y mancomunar servicios, sin modificar el proceso electoral, supondrá: Contemplar solo parte del sistema; Continuismo, centralismo y concentración; Resolver necesidades funcionales autonómicas y estatales y no las populares; Representación política excluyendo a otros posibles gestores económicos; No reducir gastos, si acaso un escaso ahorro de costes administrativos, sino amontonarlos y compartirlos; Nombramientos y cargos a disposición del partido político y no del administrado; Finalidad de repartir el gasto y no la creación y desarrollo socioeconómico; Perpetuar y agrandar la divergencia entre el pueblo y la ciudad y la desigualdad entre los distintos barrios de las ciudades.