Al suelo, que vienen los nuestros...

Entre las célebres frases atribuidas al simpar Pío Cabanillas, máximo exponente de la retranca política gallega, figura aquella de «Al suelo, que vienen los nuestros», que previene a la perfección contra el «fuego amigo» procedente de los propios correligionarios.

Muy felices se las prometía la Junta de Castilla y León tras la victoria de Mariano Rajoy y su entronización como nuevo soberano de La Moncloa. Tanto que nos hizo creer que la sarta de afrentas y agravios infligidos por Zapatero a esta comunidad autónoma iban a ser inmediatamente reparada por el nuevo gobierno de España. Y lo cierto es que de momento no sólo no hay asomo de que vaya a repararse tal iniquidad, sino que además se han adoptado varias decisiones justamente en sentido contrario.

El primer jarro de agua fría llegó antes que el propio gobierno, concretamente el 1 de diciembre, fecha en la que se esperaba que Rajoy, que había citado en Madrid a los presidentes autonómicos del PP, ratificara su compromiso electoral de duplicar el plazo de devolución del exceso de fondos transferidos en el 2008 y el 2009 a las comunidades autónomas. La Junta se precipitó al dar por hecho ese compromiso, felicitándose de que Castilla y León pudiera liberar con ello 180 millones de euros anuales. De dicho asunto nunca más se supo; ni se sabrá, a tenor de la desviación de déficit en que han incurrido las autonomías.

Ese fue el primer chasco. Los siguientes llegaron dentro del aluvión de recortes del histórico Consejo de Ministros del 30 de diciembre. Uno ha sido la supresión de los fondos dedicados a infraestructuras dentro del Plan del Carbón, del que se detraen 175 millones de euros destinados a inversiones en las cuencas mineras. Y otro la suspensión del compromiso contraído por el gobierno Zapatero de cofinanciar al 50% (150 millones de euros anuales) el Plan Plurianual de Convergencia Interior, del que en el 2010 tan sólo se aportó la tercera parte de lo previsto, habiéndose dejado por ambas administraciones completamente en blanco la anualidad del 2011. Dos noticias pésimas que convergen en León como provincia especialmente damnificada.

Para completar el panorama, Castilla y León tampoco ha resultado especialmente agraciada en la pedrea de nombramientos de segundo nivel del gobierno Rajoy. A punto de completarse ese organigrama, tan sólo una secretaria de Estado (Seguridad Social, recaída en el vallisoletano Tomás Burgos) y una dirección general (policía, adjudicada al diputado por Palencia Ignacio Cosidó), han caído en manos de políticos empadronados en estas tierras. Escasa cosecha muy alejada de las expectativas. Sólo faltaría que el nuevo delegado del Gobierno, cuyo nombramiento tanto se está haciendo de rogar, procediera de otra comunidad…