Alternativa educativa

La ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), todavía vigente, sustituyó el modelo elaborado por el Partido Popular, que a su vez transformó el heredado de la anterior etapa socialista. Tras la victoria popular del 20N, está anunciándose una nueva reforma, aunque no una nueva ley general educativa, de la mano del ministro José Ignacio Wert, quien ha lanzado ya las primeras ideas. Las urgencias en educación son cualitativas ya que el fracaso escolar es del 28%, el doble que en Europa.

Los ejes de la reforma apuntan a una concepción nueva del sistema que premiará y fomentará «los valores del esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor». Ello se hará mediante cambios en el diseño de la secundaria y el bachillerato, con tres años de duración cada uno, con una selección más exigente del profesorado y con una mayor evaluación continua a alumnos y centros a través de pruebas similares a las de Pisa en primaria y secundaria que, aunque sin valor académico, servirán para evaluar la calidad de lo que se enseña y de lo que aprenden los alumnos. Y todo, aderezado con una mayor autonomía de los centros en sus planes organizativos, curriculares y de gestión económica que les obligarán, también, a rendir cuentas de sus resultados ante las familias.

También se pretende establecer un Estatuto del Docente que acerque la fase formativa a los MIR en el sistema sanitario. El modelo bilingüe, que ya funciona en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, se pondrá en marcha a partir del curso 2013/14 desde el segundo ciclo de educación infantil hasta el Bachillerato. Y finalmente, se sustituirá la Educación para la Ciudadanía por una nueva asignatura, la «Educación Cívica y Constitucional», que estará «libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico». El PSOE se ha mostrado de acuerdo en dialogar sobre las reformas.

Las discrepancias entre poder y oposición, que reiteran pasados vaivenes, son consecuencia de la falta de consenso en cuestiones básicas que, en un Estado moderno, ya no deberían estar permanentemente en el debate. Y casi todas las causas de fricción están relacionadas con el encaje de la religión en el Estado, un asunto pésimamente resuelto y que ya sería hora de afrontar.