La opinión del lector
Palacio de Congresos con dudas
Ahora aparecen los partidos de la oposición del Ayuntamiento de León rasgándose las vestiduras por el aplazamiento de las aportaciones del Gobierno para la construcción del Palacio de Congresos con lo que supone de incertidumbre sobre su finalización o no. Sin embargo el partido gobernante en el Ayuntamiento lo tiene muy fácil, con echarle la culpa a la «bendita» crisis lo tiene todo resuelto. Pero el Palacio tiene mucho más «fondo» del que ellos, todos ellos, estarán siempre dispuestos a reconocer ante los leoneses.
Allá por 1997 un empresario leonés propuso la construcción de un Recinto Ferial, es decir, lo mismo pero con otra denominación, de carácter total y absolutamente privado por lo que no le habría costado un solo céntimo a ninguna de las administraciones «paganas» del actual proyecto. Pero por eso, por ser privado, y por el afán depredador de la clase política que nos gobierna, ese proyecto fue ignorado por unos, apropiado por otros y destrozado por todos ellos, cuando no cabe ninguna, absolutamente ninguna duda de que de haber apoyado en su día a ese proyecto llevaría varios años en funcionamiento y creando riqueza para la provincia y sobre todo para la ciudad de León.
En aquella ocasión se produjo una operación de «compra con cesión» de terrenos al Ayuntamiento que todos los leoneses desconocen. Con la mayor de la opacidades, entre varias empresas constructoras orquestadas por los políticos que gobernaban el Ayuntamiento en ese momento (PSOE) compraron los terrenos de la antigua Azucarera Santa Elvira y cedieron el viejo edificio al Ayuntamiento.
¿A cambio de qué? ¿Quién dictaminó qué constructores debían participar en la puja?
Un juez ampara
la ilegalidad
Me he quedado estupefacto ante la noticia aparecida en el Diario de León relativa a la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de León, cuyo titular absuelve de un delito a tres acusados, políticos del Ayuntamiento de Quintana del Castillo porque alegaron ignorancia en el cumplimiento de sus funciones y con el argumento en la sentencia de una forma de actuar que califica de «claramente constitutiva de ilegalidad».
La ignorancia a la que aluden los ahora absueltos, versa sobre que no advirtieron que era una licencia de contrucción de obra nueva, en lugar de un licencia de reforma, cuando todos sabemos que una obra nueva conlleva una entrega voluminosa de documentos, proyecto, presupuesto, informe...etc. Sostienen que solo vieron la carátula y no se percataron de lo que firmaban, ¡venga ya!. ¿Para que están en el Ayuntamiento? Seguro que saben el refrán aquél que dice: «Antes de contar, escribe y antes de firmar, recibe» o mejor aún este de: «firmar sin leer, solo un necio lo puede hacer». Pues bien, opino que deben de ser condenados.
Pero lo grave es que esta conducta la justifica un juez. No se sabe que clase de legalidad existe para este juez que se escuda en que la sociedad ampara y tolera desde hace siglos las irregularidades y corruptelas de nuestros políticos. Pues bien, las tolerará usted porque no conozco a una sola persona, que no esté harta de la corrupción política.
Las actuaciones que se deducen de la noticia parecen todas ellas plagadas de irregularidades tanto la actuación de los políticos, como en sede judicial donde la fiscalía tampoco ofreció prueba alguna de ilegalidad, ni interrogatorio de acusados sobre posible enriquecimiento. Dirá cualquiera: Total, para la exigua pena que les iba a caer, políticos, juez y fiscal, «todos Bernardos». ¿Por que?