Otra taza del mismo caldo

Hace dos semanas comentábamos aquí las suspicacias que había suscitado en el cotarro autonómico el encuentro secreto mantenido en La Moncloa entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el presidente de la Generalitat. De ese diálogo se deducía la disposición, si es que no el compromiso, del Gobierno central a aliviar la asfixia financiera que arrastra la comunidad catalana, incapaz, pese los duros ajustes, de contener el déficit y su insostenible deuda.

Enseguida los recelos se centraron en la posibilidad de privilegiar a Cataluña a la hora de repercutir en España una eventual flexibilización del objetivo de déficit público marcado desde Bruselas. O lo que es lo mismo, que el reparto del nuevo margen no se aplicara de forma igualitaria en todas las autonomías, sino con cierta asimetría. Salvo las comunidades presumiblemente beneficiadas por ese criterio —Valencia y Murcia, además de Cataluña— pusieron inmediatamente el grito en el cielo considerando que ello supondría una clara discriminación. «Los españoles somos iguales ante el déficit», proclamó con toda rotundidad la pasada semana el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Sin embargo, esa rotundidad de la Junta apenas duró 24 horas. Justo las que transcurrieron hasta que el PP convocó en Génova a los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el partido. De esa reunión regresó la consejera Del Olmo admitiendo que puede darse el «caso puntual» de que alguna comunidad obtenga un mayor margen de déficit, lo que al día siguiente el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, calificó de «alguna excepción consensuada».

Pero lo más sangrante es que ese mismo día que el PP imponía su disciplina interna sobre el déficit autonómico, Rajoy celebraba otra reunión secreta en La Moncloa, en este caso con el lendakari Iñigo Urkullu, quien asimismo pedía trato de favor en ese reparto asimétrico que ya puede darse por hecho. Si no queríamos caldo, la segunda taza.

El asunto no es baladí ya que, según se aplique esa flexibilización del déficit, la Junta de Castilla y León dispondrá de margen para aplicar políticas de estímulos e incentivos al crecimiento que, aunque aprobadas, no arrancan por falta de liquidez presupuestaria.

Pasar del 1,5 de déficit del 2012 al 0,7 fijado para el 2013 ha supuesto reducir en unos 450 millones de euros el capítulo de gastos en los Presupuestos de la Comunidad. Y estamos hablando de la parte de esa cantidad que recuperaríamos. No es lo mismo recuperar la mitad, 225 millones, que tan solo 100 ó 125. Eso es lo que está en juego tras una asimetría que demuestra que, por mucha mayoría absoluta de que disponga el Gobierno central, las comunidades con gobierno nacionalista siempre acaban saliéndose con la suya.