Ojos que no ven...

Lenta pero inexorablemente van saliendo a la luz las pruebas de la supuesta financiación ilegal del PP. No son solo investigaciones periodísticas o «fotocopias» (como en tono despectivo describen en Génova 13), son concienzudos informes policiales.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) ha cotejado los datos de la contabilidad oficial del PP con los que figuran en los papeles de Bárcenas. Su conclusión es que este partido troceó donaciones nominales que superaban el limite legal e ingreso esas pequeñas cantidades en su cuenta de donativos anónimos para engañar al Tribunal de Cuentas. Esas donaciones de grandes empresas constructoras no fueron altruistas. A cambio consiguieron suculentos contratos del Estado. Tan es así que las entregas de dinero coincidían en el tiempo, exactamente, con la firma del contrato de colaboración con la administración.

Con ese dinero se pagaron sobresueldos a los principales dirigentes del PP para complementar su nóminas como parlamentarios. Era, hay que reconocerlo, el círculo perfecto. Ganaban todos y perdían los contribuyentes.

El informe, que ha sido calificado por el juzgado de «exhaustivo», permitirá al juez Ruz interrogar con datos fehacientes a los empresarios a los que ha llamado a declarar a finales de mes. La Udef le recomienda citar, también, a dos más, entre los que está Ignacio Javier López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Es de agradecer que el ministro del Interior, Jorge Fernández, distraído como está en su celo por apoyar la reforma de la ley del aborto deje trabajar sin intromisiones a la Udef. También sería de agradecer que la Fiscalía General del Estado no intervenga en el proceso de instrucción.

Los dirigentes populares que han alcanzado cotas de ridículo inimaginables tratando de minimizar el caso Bárcenas han optado ahora por el silencio apelando a que el caso está judicializado.

Confían, en el PP y en el Gobierno, que los actores de ese círculo perfecto de intereses guarden silencio por la cuenta que les trae. No es de extrañar que el abogado del extesorero se haya sumado a la petición del principal implicado en el caso Gürtel pidiendo que se anule como prueba la grabación que dio origen al proceso. De momento, han conseguido que la Audiencia Nacional obligue a Ruz a pronunciarse sobre la legalidad de las escuchas.

Esta causa tiene todavía muchos escollos que superar y las zancadillas van a llegar desde todas las esferas del poder político. Aunque en el PP hacen como que no va con ellos, ocurra lo que ocurra, habrá un antes y un después.