Reformar el Estado

La crisis económica ha destapado la crisis del Estado en Europa. Si en el pensamiento anarquista y marxista del siglo XIX el Estado era un aparato de opresión de clase que había que destruir; en el XX socialistas y comunistas cambiaron de idea, convirtiéndolo en el padre benefactor bajo cuyas alas se cobijan los ciudadanos. El Estado benefactor ofrece servicios educativos, sanitarios, asistencia social e incluso ocio. Esto ha provocado su hipertrofia. Ni las críticas liberales ni la defensa del principio de subsidiaridad hicieron mella en aquellas ideas y políticas, en parte porque el sistema de partidos, tanto los de derechas como los de las izquierdas, ha visto en el control del Estado, de todos sus resortes, el mejor medio para implantarse socialmente: hoy es el reino de los políticos, pero aquel Estado benefactor ha entrado en crisis y su adelgazamiento y reforma es algo ineludible, pese a las protestas.

En España, la caótica organización territorial ha acentuado esa crisis, que amenaza con ahogarnos. A la tradicional organización en provincias, municipios y juntas vecinales, hemos añadido, sin eliminar nada, Comunidades Autónomas, mancomunidades, comarcas, empresas de gestión. En buena medida el déficit del Estado se explica por ese crecimiento elefantiásico. La disyuntiva es: o servicios sociales (educación, sanidad) o los cargos políticos, no hay otra elección. Esto lo sabemos los ciudadanos y los políticos; el problema es que los que deben reformar el Estado son los que más se oponen a ello: el harakiri no es su opción. El Gobierno del PP presentó la semana pasada el anteproyecto de reforma de la Administración local; pero en realidad no hay tal reforma, sólo traspaso de competencias a las diputaciones de aquellos servicios que los ayuntamientos, endeudados hasta las cejas, no puedan ofrecer a los ciudadanos. Nada de eliminarlos o agruparlos.

La Junta de Castilla y León no está de acuerdo, incluso su portavoz calificó el anteproyecto de «malo» y criticó que las diputaciones vacíen de competencias a los ayuntamientos, pero se niega a suprimir municipios. La viceconsejera de Administración y gobierno del territorio, María José Salgueiro, lo dijo claramente hace un mes: «Nunca hemos pensado ni previsto suprimir municipios». Como no lo quieren o no lo pueden hacer, aunque sí las pedanías, defienden ahora las mancomunidades, que el gobierno de Rajoy proyecta eliminar. Hablan de los mismos servicios para todos los ciudadanos a costos más o menos soportables; pero en nuestra comunidad, el 80 por ciento de sus 2.248 municipios tiene menos de mil habitantes, y no están en condiciones de ofrecer esos servicios como en las ciudades. Estas contradicciones son reflejo de las luchas entre políticos pero no de los intereses ciudadanos.