¿Es España un Estado corrupto?

En toda la historia de la Humanidad, ningún Estado, fuese éste república, monarquía o dictadura, ha conseguido permanecer impoluto de los fenómenos delictivos en su más variadas manifestaciones. Quizás sea innato a la naturaleza humana, o al hombre en sociedad, pero rapiña y violencia han caminado de la mano del desarrollo y evolución.

Por eso construimos las casas con cerradura, y aún los estados sin ejército como Costa Rica, necesitan ejércitos policiales. España no ha inventado la corrupción, ni el afán por lo ajeno es patrimonio exclusivo de la clase política. Por poner un ejemplo, en todos los edificios españoles, tanto de la administración como de las empresas, tanto públicos como privados, los enchufes funcionan perfectamente y no me estoy refiriendo a la actividad de las compañías eléctricas. La gran pregunta no es si España es un estado con corrupción, pues todos lo son, la gran duda es saber si España es un estado corrupto.

Un estado corrupto, es aquel en el que la propia estructura del estado participa o consiente los actos de rapiña; es decir, aquel que, o bien vive de la putrefacción, o bien carece de mecanismos para erradicarla.

En este Reino nuestro, en el que hubo un tiempo en que el sol no dejaba de brillar, y hoy no relucen ni las «joyas» de la corona, es constante el revuelo de titulares periodísticos que anuncian a bombo y platillo una nueva operación judicial contra la corrupción en la que aparecen implicados o altos cargos políticos, o importantes empresarios del sector financiero o productivo. Las sombras de los paseíllos de políticos camino del juzgado, han desbancado a las luces de los trajes de torero camino del ruedo como símbolo del tópico español. En los últimos años, nos hemos cansado de asistir a entregas por fascículos de político-novelas interminables, culebrones huérfanos de desenlace.

«Hay que dejar actuar a la Justicia», es la frase con la que todo político responde ante una nueva operación judicial en la que su partido se vea implicado, salpicado o señalado. Frase manida que encierra un velado sarcasmo. Porque, ¿realmente está actuando la Justicia?. Citar como imputados, aún en los casos en los que se obliga a acudir esposados a la sede judicial a determinados responsables políticos de este país, no es más que poner ratificación oficial a un clamor popular, poner negro sobre blanco un hecho notorio. Pero este es un país en el que nadie dimite. Este es un país en el que ante cualquier clase de debate parlamentario sobre la corrupción, todos gritan al unísono, «y tú más».

Por eso esto no es «actuar la Justicia». La Justicia actúa cuando dicta resolución firme en la que deja claro lo que sucedió, y pone consecuencias jurídicas condenando o absolviendo a los implicados.

El exceso hasta el hartazgo de paseíllos judiciales de políticos, sólo ha servido para disparar la alarma social, que se asoma ya peligrosamente a la violencia como consecuencia de la frustración; pero la ausencia total de sentencias en los asuntos de corrupción ha provocado que incluso el tópico se vuelva típico, y algún figurín haya llegado a afirmar «un alcalde que no tenga al menos un par de imputaciones no es buen alcalde».

La justicia lenta no es justicia, y si con la afirmación, «hay que dejar actuar a la Justicia», se está defendiendo que hay que dejar actuar a esta justicia colapsada, sobrepasada y carente de medios que hoy tenemos, se añade burla al escarnio. El estado aun está a tiempo de adoptar medidas, para que realmente existan mecanismos efectivos y ágiles para corregir la corrupción. Mecanismos judiciales que respetando las sacrosantas garantías, conduzcan con celeridad las instrucciones hacia los juicios en un plazo razonable. Este estado, todavía está a tiempo de dejar claro que no quiere caminar por el fangoso terreno que separa el calificativo de estado corrupto del de estado con problemas de corrupción.