Sin costumbre

Es sabido que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y de acostumbramiento a las situaciones y circunstancias que objetivamente consideradas no son normales o que atentan contra lo mas noble de esa condición humana. Viene a cuento esta consideración previa al constatar que desde hace bastante tiempo, un día sí y otro también, las noticias relacionadas con la corrupción en nuestro país ocupan cada vez mas titulares en los medios de comunicación.

La «procesión» de la corrupción va por todos los barrios. En el PP, el caso Bárcenas al igual que el Gürtel no deja de gotear noticias sobre las presuntas actividades delictivas cometidas por sus protagonistas; pero uno mira al PSOE, y el escándalo de los eres falsos en Andalucía, gracias al trabajo concienzudo de la juez Alaya, va extendiendo sus tentáculos, alcanzando ya no sólo a altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, sino también a las cúpulas de UGT y CC.OO. de aquella comunidad. Y en Cataluña, CIU tiene que hacer frente a graves acusaciones sobre financiación irregular. Por no hablar de la Casa Real, donde al caso Urdangarín se unen actuaciones tan bochornosas como la conocida en los últimos días en relación a la Agencia Tributaria y su información errónea sobre la infanta Cristina.

Es como si la corrupción se hubiese convertido ya en un mal inevitable con el que hay que convivir, porque por acción u omisión, se acepta que es casi imposible su erradicación. Y es ahí donde hay que revelarse. La corrupción hay que combatirla en todos los frentes y con todos los instrumentos que tiene nuestro Estado de Derecho. Habría que empezar por exigir a la justicia que sea mucho más rápida. No puede ser que se eternicen las causas durante años y años. Siempre se ha dicho que la justicia tiene que ser ejemplar, y a la hora de perseguir la corrupción, la mejor ejemplaridad es la rapidez.

La corrupción, aparte de hacer un daño objetivo a la democracia, a las instituciones afectadas, supone una degradación moral de las personas que incurren en ese tipo de conductas delictivas. Los corruptos tienen que ser ejemplarmente castigados, y por supuesto, expulsados e inhabilitados para seguir desarrollando las actividades públicas que desempeñaran, fuesen estas en la vida política o empresarial. No se puede aguantar por mucho mas tiempo el nivel de corrupción que actualmente sufrimos en España. El sistema tiene que defenderse de los corruptos, aunque para ello sea necesario modificar parte del propio sistema.