El valor de la oposición

No alardeo de nada si mantengo que tengo cierta experiencia de ejercer mi actividad política desde la oposición. Las circunstancias, y sobre todo los ciudadanos en el ejercicio democrático del votar, me han colocado, una y otra vez, desde hace ya algunos años, en distintas instituciones desempeñando el papel de oposición. Un lugar tan democrático como es el gobierno; y, aunque a veces se desprecie o minusvalore, sobre todo en casos de mayorías absolutas, una función que es clave en democracia. Baste recordar que sólo los regímenes no democráticos no tienen ese contrapoder que representa la oposición.

Sin oposición, en la mayoría de los casos, al ciudadano sólo le llegaría la perspectiva del gobernante. O, lo que es lo mismo, no tendría la oportunidad de contrastar el discurso, casi siempre de autocomplacencia y profesional como vendedor de humo, de quien detenta el poder. Si no hubiera oposición política, de la misma manera que si no hubiera prensa democrática, el gobernante podría explayarse vendiendo su gestión como si acariciara el idilio con la perfección. Nadie le iba a llevar la contraria.

Además el pluralismo, los que gobiernan y los que no gobiernan, el conjunto de formaciones políticas que están representadas en una determinada administración, constituye un valor añadido a la hora de confrontar puntos de vista y de contrastar la distintas soluciones que se pueden presentar para resolver los problemas que atenazan a los ciudadanos.

Por lo tanto la oposición cumple un papel democrático de primer orden, y será tanto más útil cuanto más vigilante, crítica y constructiva pueda llegar a ser. O, dicho de otra manera, una oposición sumisa y connivente con el gobierno supone, desde mi punto de vista, tanto mayor fraude para los ciudadanos cuanto más se confundan los discursos de aquélla con los de éste.

Podré estar equivocado, pero ésta es mi manera de pensar. Por eso siempre he intentado estar vigilante con la acción de los distintos gobiernos de los que he sido oposición, ser crítico con aquellos aspectos con los que no podía comulgar y también he procurado presentar alternativas a las propuestas del gobierno.

Últimamente algunos plantean la necesidad de que la oposición siga ejerciendo como tal más allá incluso de la vida del propio gobierno; incluso cuando un gobierno deja de serlo, porque ha perdido las elecciones. Esta idea me parece que es novedosa y que se circunscribe a determinados gobiernos; no a todos. Por eso he de manifestar mi discrepancia con quienes sostienen esta postura, salvo con el matiz, importante, de que cada palo aguante su vela; o de que cada gobernante que lo ha sido apechugue con las responsabilidades dimanantes de sus actos, especialmente si tienen trascendencia judicial.

Considero que el gobernante que ha perdido las elecciones ha asumido ya su responsabilidad política, además con el castigo más duro en democracia: el suspenso de las urnas. La alternancia del gobierno es una de las muchas grandezas de la democracia. No hay peor penitencia para un gestor que verse desplazado del gobierno porque as’ lo han decidido los ciudadanos.

Por lo tanto los focos de atención se deben poner en quien gobierna, no en quien ha gobernado. No me imagino a Hollande basando el discurso del gobierno francés en la herencia que ha recibido de Sarkozy. Ni a Obama mareando la perdiz sobre la herencia que recibió de George Bush. Ni siquiera a Rajoy cruzado de brazos, limitándose al lamento por la herencia recibida. Sí comparto la afirmación del presidente del gobierno en su discurso de investidura, refiriéndose al legado de Zapatero: en la política no existe la herencia a beneficio de inventario. Que es tanto como decir que para el gobernante que llega no le valen disculpas sobre la herencia recibida; su obligación es dar respuesta y soluciones a los problemas de la ciudadanía.

Pienso que es un error la postura que defiende que, una vez perdidas las elecciones, la gestión del gobierno y el papel de la oposición deben coincidir en recordar lo malos que eran los gobernantes que lo fueron y que ya no lo son. En mirar al pasado y no centrarse en el presente. En desviar la atención sobre las políticas que lo fueron y no centrarse en las que lo son. Como recordará el ministro de Guindos, la mujer de Lot fue convertida en estatua de sal por volver la vista atrás.

Aceptar la teoría del retrovisor significará, además, el otorgar carta de impunidad al mandatario entrante, pues con criticar al saliente tendrá justificado su mandato y perdonados sus disparates. Con esta teoría se llegará a aceptar sin rubor la dejación de funciones de la oposición respecto al gobierno actual; las prebendas recibidas por algunos grupos por mirar para otro lado ante los desmanes del gobernante; se validará la coherencia de pactos antinatura justificados por gobiernos pretéritos y se santificará el discurso de quienes tienen todas las papeletas para sufrir tortícolis: aquellos que miran exclusivamente al pasado.

Cierto es que este debate, simplemente con plantearlo o rebatirlo, beneficia exclusivamente a quien gobierna. Porque el tiempo que se gasta en elucidar sobre el valor y la responsabilidad de la oposición, es un tiempo que no se emplea en hablar de lo que interesa de verdad a los vecinos, que es del presente: del grado de cumplimiento de los programas electorales del partido que gobierna, del nivel de aceptación de su gestión por la ciudadana, de las decisiones que ha adoptado o haya dejado de adoptar y, sobre todo, de la mejora o disminución de la calidad de los servicios públicos desde que los gobernantes asumieron su responsabilidad.

Es lógico que quien ha convertido las calles en un basurero, los parques en selvas tropicales, las tasas en excluyentes y el programa electoral en papel mojado prefiera hablar del pasado en lugar del presente.

Por eso, acertada o equivocadamente, no voy a desviar mi atención al pasado sino que me voy a centrar en el presente. Seguir siendo fiel a los principios que siempre he mantenido en la oposición ante gobiernos de todos los colores políticos. Cada cual con su responsabilidad y al final el juez inapelable, el pueblo soberano, dictaminará respecto a la coherencia y la conducta de cada uno.