Crecimiento

La propuesta del FMI en su informe anual sobre la economía española, secundada por Olli Rehn y después respaldada por toda la Comisión Europea, sobre la conveniencia de una devaluación interna de nuestro país que supusiera la reducción salarial del 10% en dos años, ha abierto un agitado aunque constructivo debate que tardará en cerrarse. El FMI sostiene, como es sabido, que en España nunca se ha creado históricamente empleo con tasas de crecimiento económico inferiores al 2%, algo que según todos los pronósticos no sucederá en mucho tiempo (la previsión del FMI para 2018 es del 1,2%). En consecuencia, los expertos del Fondo sugieren una medida de choque: un recorte salarial universal del 10%, unido a una rebaja de las cotizaciones sociales que debería aplicar el Gobierno, colocaría supuestamente el paro por debajo del 20% antes de 2016. Y se exhiben como prueba los ejemplos de Irlanda y Letonia, pequeñas economías que también sufrieron el estallido de sendas burbujas inmobiliarias y que vieron dispararse el desempleo hasta tasas exorbitantes.

En todos los casos del entorno, la caída de la demanda interna originada por la bajada de salarios ha anulado el alza de competividad proporcionada por la medida. Ésta es la gran objeción que oponen los técnicos a la medida del FMI/CE: en España, la demanda interna ha caído estrepitosamente, en buena medida a causa del reajuste salarial que ya es del orden del 7% desde el comienzo de la crisis. Y al margen de que esta reducción no ha creado empleo en absoluto, no se ve cómo una bajada salarial todavía mayor podría generar crecimiento económico. En este momento, el principal motor de la economía es el sector exterior, pero su potencial está en el límite.

Quiere decirse que no se exporta más no porque la competitividad no sea suficiente sino porque hay problemas estructurales que lo impiden. Uno primero, la pequeña dimensión de las empresas españolas, que en su mayor parte no alcanzan el tamaño mínimo que les permita sostener una actividad exportadora. Y uno segundo, la falta de financiación. Si se corrigieran ambo obstáculos mediante las políticas adecuadas, el efecto de la exportación sobre el crecimiento del PIB sería mucho más notable. Pero la principal crítica que cabe formular a estas ocurrencias de las instancias supranacionales es la desconfianza de la política que llevan implícita. En manos de la Comisión Europea está gran parte de la política económica de la Unión y el Banco Central Europeo es el promotor de la política monetaria. ¿Por qué, entonces, no se ponen en marcha políticas anticíclicas —grandes planes europeos de inversión pública— y medidas expansivas —bajadas de tipos, compra de bonos, tolerancia temporal con una mayor tasa de inflación— que contribuirían a provocar aquí los milagros que ya están provocando la recuperación económica de los Estados Unidos, de Japón, y, en general, de todo el planeta, salvo la UE?