La verdad de los hechos

Un principio básico de todo sistema procesal se podría resumir así en castellano (en latín suena más rotundo pero pocos lo entienden): vosotros, dice el juez a la acusación y defensa, dadme los hechos, que yo os daré el Derecho. El fiscal y la acusación particular han de presentar con claridad los hechos que inculpan al procesado, mientras que la defensa debe negarlos o buscar los atenuantes que le exculpen. En razón de los hechos probados, el juez, de acuerdo con la Ley, dicta sentencia. Así debería ser, aunque muchos ciudadanos desconfían de unos jueces que, a veces, actúan con arbitrariedad a causa de sus ideas políticas, de su ideología partidista o sus fobias. Por eso, dependiendo del juez que lleve una determinada causa, los procesos parecen tomar derroteros que cuestionan aquel principio y, con el, el de imparcialidad.

Eso ha desprestigiado a la Justicia, envuelta en el relativismo reinante. Un problema de nuestro tiempo es que tanto la filosofía mundana como la académica —la hermenéutica que lo invade todo— defiende un principio contrario a aquel y que se puede resumir de esta manera: no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Qué hechos se le van a presentar al juez si nadie cree en ellos? Solo valen las interpretaciones ¿todas? no, nadie o casi nadie acepta las interpretaciones unívocas, es decir, que entre el hecho y la interpretación haya una relación de correspondencia, porque eso conduce, dicen, a verdades absolutas y, por tanto, al dogmatismo, anatema que atemoriza hasta al más pintado. La relación entre hechos e interpretación se ha convertido en una relación equívoca, en la que todas las interpretaciones se ponen al mismo nivel, sea cual sea la cualificación del que la expresa, lo que da lugar a un relativismo en el que, como en río revuelto, solo ganan los pescadores.

Pero los jueces y los historiadores saben que los hechos existen, que el asesino mató a su víctima y que las Navas de Tolosa ocurrieron en 1212. El historiador, decía Sánchez-Albornoz, debe ir de lo seguro a lo probable y a lo conjetural, es decir, de los hechos probados, con todo su aparato crítico y documental, a las interpretaciones más plausibles (hermenéutica analógica), porque de lo contrario «cuando las concepciones ideológicas anteceden al análisis histórico conduce la investigación a seleccionar los datos para probar la conclusión que se ha tomado a priori», lo que no es honrado ni legítimo. Lo mismo ocurre con los jueces —y no digamos con periodistas, tertulianos y público en general— que muchas veces parece que tienen la sentencia en la mano antes de probar los hechos. Esto vale para el caso Bárcenas, los Eres andaluces o el problema de Gibraltar, del que se habla estos días. Vivimos en un mundo de interpretaciones, de conjeturas; en definitiva, de confusión ¿Será esto la democracia?