Sí es el momento

Con su habitual tendencia a esconder los problemas, como si tuvieran capacidad de repararse por sí mismos, Rajoy ha dicho que no es el momento para abordar un estatuto que regule las funciones del Príncipe. Y el tema no tendría mayor importancia si no fuera porque esa declaración coincidía con el momento en que el Rey era intervenido por segunda vez de cadera y, como se confirmó horas después, tendrá que pasar por el quirófano nuevamente en dos meses. Es cierto que es el Rey el que está marcando la agenda, el que no quiere ni oír hablar de abdicación, el que apela a símiles automovilísticos como «voy al taller», «mecánicos», para quitar hierro (nunca mejor dicho) a sus múltiples dolencias. Pero la realidad confirma que va a volver a estar cinco meses de baja, como poco, al encadenar dos operaciones sucesivas. No va a acudir a la cumbre Iberoamericana ni tampoco lo hará su hijo por no estar habilitado para ello. La audiencia de numerosos embajadores recibidos a todo correr porque de no entregar cartas credenciales no podían ejercer como tales, demuestra la necesidad de «organizar la delegación de las funciones del Jefe del Estado» cuando la salud de este empieza a fallar.

No se trata aquí de defender la Monarquía si no que, en el más grave deterioro institucional que ha atravesado este país desde la recuperación de la democracia, y con la crisis económica, hay que proteger la jefatura del Estado, sea cual sea su fórmula (monarquía o república).

Una vez más el ministro Margallo, que parece ir por libre en el Gobierno y que no debe tener por costumbre el consultar en la cita de los viernes en Moncloa cual es la consigna sobre determinados temas, sí se mostró a favor de regular la figura del heredero. Debe ser por aquello de la imagen de España.

Lo que también parece perentorio es marcar la senda que debería recorrer Juan Carlos de Borbón en el caso de que, pese a su deseo de permanecer en el cargo, la quebrantada salud de sus 75 años le obligara a abdicar. Ahí puede estar una de las razones, junto con el desgaste y la incertidumbre sobre el devenir judicial del yerno Urdangarin, que retienen al Rey en su puesto. Al dejar la jefatura del Estado se pierde la impunidad que ampara todos y cada uno de sus actos. Así, sería imaginable que un seudo sindicato como Manos Limpias presentara una querella por el dinero que heredó de su padre y no cotizó al fisco.

Diga lo que diga Rajoy sí corre prisa una legislación que delimite la figura del sucesor y que desarrolle los derechos y deberes de quien aún en contra de su voluntad no puede físicamente seguir ejerciendo la más alta magistratura del Estado.