La sentencia del oprobio

Una de las acepciones que regula el significado de la palabra derecho, puede explicarse como «conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil, y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza». Existe el inconveniente de que los profesionales de la Justicia cometan el gravísimo error de cambiar los delitos por actos deliberados, y castigar sin piedad a los que han sufrido la barbarie y la humillación de los que «graciosamente han sido premiados».

Tenemos a la vista el espeluznante proceso de Estrasburgo. Los criminales asesinos, a gozar de la vida. Las víctimas por ellos asesinados, al frío y soledad de los cementerios, y los familiares y amigos a sufrir el calvario de los recuerdos, amén del sentir general de la ciudadanía angustiada. De las cuatro virtudes cardinales, la de la Justicia, que en apariencia asume rango de supremacía, se cae del pedestal cuando la alevosía de los que juzgan cambian la imparcialidad a la que están sometidos y obligados, por la arbitrariedad de sus deseos al son de los ideales, compromisos políticos, prevaricación y enredos de corrupción.

Como profano en la materia de la ciencia del Derecho, aventuro a mi modesto entender las decisiones arbitrarias que se toman los profesionales —jueces y fiscales— de la prominente justicia. No soy capaz de comprender hasta dónde puede llegar el recorrido de lo que científicamente entendemos por Derechos Humanos. Ni la distancia que existe en relación a estos mismos derechos que sean alevosamente conculcados. En esta repugnante decisión, queda más que clara la incomprensión y el desprecio para las víctimas que han sufrido la barbarie de la muerte, los traumas físicos y morales, a expensas de un tribunal inquisitorial, formado por individuos con más oronda «papada» que coeficiente intelectual, que envían a la calle a los asesinos por el «éxito del deber cumplido». Estos monstruos de la peor justicia, jueces y fiscales, deberían ser enviados al exilio para nunca más volver.

En este horrendo proceso se dan dos hechos de materia equidistante en las dos sedes o jurisdicciones donde se ha celebrado y confirmado la fatal sentencia, cambiando la moral del resultado.

En el tribunal de Estrasburgo, donde las distintas sentencias que se dictan, en los distintos casos de vulneración de Derechos, no existe coincidencia en las decisiones de procesos paralelos. Las investigaciones que se llevan a cabo tergiversan en ciertos casos la confirmación de los hechos: perdonando o castigando según la «simpatía» que despierten los imputados en el ánimo de los juzgadores. Tenemos casos claros y contundentes, al margen del que nos ocupa, en cuanto a los acusados de genocidio. En los distintos países en que se libró la guerra de los Balcanes, el genocida que era atrapado por las fuerzas de seguridad, la sentencia se confirmaba por anticipado. Condena segura, aunque los cargos no fueran contundentes. No trato de defender en modo alguno a semejantes criminales. Solamente establecer la semejanza de los eventos. ¿Cómo es posible que a los acusados de genocidio, convictos y confesos, y confirmados sus crímenes, como el caso de los salvajes de ETA, con asesinatos múltiples a las espaldas, se les perdonen las penas, mostrándose irreductibles a la hora de pedir perdón e incluso vanagloriándose de sus sanguinarias hazañas, dando a entender que lo volverían a repetir si se dieran las circunstancias? Estos justicieros de Estrasburgo deberían aprender que la moral atesora un rango de solemne dignidad que ellos mancillan, asegurándose el cambio por un sinfín de miserias.

En cuanto a la actitud de los miembros de la Audiencia Nacional, nos sorprende enormemente la rapidez en excarcelar a los asesinos, que con gran probabilidad algunos de los jueces y fiscales que forman la institución, enviaron a prisión con el enorme rigor que requería la situación. ¿Dónde estaba el «error», en la primera sentencia por ellos dictada, o en esta turbia y repugnante que por acoquinamiento se ven obligados —según ellos— a cumplir?

Una inmensa mayoría de jueces y fiscales se vienen quejando de la falta de medios para llevar a cabo su función de manera aceptable. En alguna ocasión me he dejado decir que en la institución que enrola todos los aditamentos de la verdad y la razón, con relación a los profesionales que llevan a cabo esa sacrosanta misión, ni son todos los que están, ni están todos los que son. La falta de medios que reclaman se estrella con la agilidad para resolver tan macabra hazaña, con la que han humillado a las víctimas, familiares y amigos, y a la sociedad en general. Si en todos los procesos pendientes pusieran el mismo celo y diligencia de seguro que en los juzgados no estarían amontonados miles y miles de procesos pendientes, y la Administración se ahorraría unos buenos millones de euros.

He querido dejar para el final la actuación del «patriota de primera» como lo definiría el ínclito Rodríguez Zapatero, el catedrático de «artes punibles» individuo López Guerra. La discreción del entonces presidente era «encomiable», ya que todo lo que tocaba lo hacía añicos, empezando por el aberrante proceso de paz con los terroristas, que nos ha dejado un panorama de siniestros irreversibles a cambio de nada. Se dice que han dejado de matar. ¡Hasta ahí podíamos llegar si no hubieran cesado los asesinatos! Gracias a las fuerzas de seguridad que se han encargado de esa importante misión. ¿Podremos saber algún día todo lo que les ha dado a cambio, además de lo ya conocido, y por qué? Y anos gustaría saber el secreto de tan dadivoso comportamiento. El servicio que ha prestado a España en la inclemencia de las víctimas de ETA, el testaferro López Guerra quedará para la historia como un baldón de siniestro recuerdo. Si tuviera dignidad, se exiliaría de España para nunca más volver, exigiendo a Zapatero los haberes por su «impecable servicio».