Tan difícil como cuadrar un círculo

Pese a que Rajoy y Montoro decidieron enfriar la patata caliente y congelarla hasta el segundo semestre de 2014, la futura reforma del sistema de financiación autonómica sigue flotando en el ambiente, con posiciones muy enfrentadas entre comunidades autónomas y entre éstas y el gobierno central.

Todas las autonomías sin excepción se consideran perjudicadas por el actual modelo y aspiran a mejorar la porción de tarta que reciben del Estado. No es algo nuevo. Ha ocurrido otras veces, pero en tiempos de abundancia en los que el Gobierno disponía de resortes paralelos para contentar bajo cuerda a las comunidades insatisfechas con ración. Fue, sin ir más lejos, el caso de Castilla y León cuando se aprobó el vigente modelo. La insatisfacción de la Junta fue compensada con el compromiso del Gobierno Zapatero de cofinanciar el Plan de Convergencia Interior de la Comunidad con 450 millones de euros distribuidos en tres anualidades. Pero llegó la crisis y sus recortes y de aquellos 450 millones creo recordar que solo se libraron 75. Del resto si te he visto no me acuerdo.

En las actuales circunstancias no hay más cera que la arde. El Estado no dispone de margen para aumentar el tamaño de la tarta a repartir y menos aún de subterfugios paralelos para compensar a los descontentos. Y todos se miran con desconfianza. Las comunidades del PP no se fían de que la pulsión soberanista catalana no acabe aplacándose con una reforma del sistema de financiación que prime los intereses catalanes. Que, dicho sea de paso, coinciden con los de comunidades gobernadas por el PP tan influyentes como Madrid, Valencia o Baleares.

Ese recelo es el que ha llevado al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a solicitar la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos que aborde el problema. Y Castilla y León, que comparte ese recelo, no ha tardado un minuto en apoyar esa petición. No en vano ambas comunidades, junto a Asturias y Aragón, se han constituido en «lobby» en defensa de un modelo que financiación que sopese en mayor medida que ahora el impacto del envejecimiento y de la dispersión de la población en el coste efectivo de la Sanidad, la Educación y demás servicios prestados por las autonomías. La reforma local de Montoro, a punto de aprobarse, endosará además a las arcas autonómicas el coste de determinadas competencias «impropias» sufragadas hasta ahora por los ayuntamientos.

Volcados en otros frentes, Rajoy y Montoro han querido enfriar el problema, sin caer en la cuenta de que en el segundo semestre de 2014 estará lanzada la cuenta atrás hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas. Si ahora la solución es harto complicada, entonces será como intentar la cuadratura del círculo.