Politización

La remoción de sus cargos de algunos funcionarios de la Agencia Tributaria ha provocado un gran escándalo y las sospechas de politización, es decir, de que los trabajos propios de dicha institución, encargada de combatir el fraude fiscal, han sido guiados por criterios políticos. Por fortuna, la labor de algunos periodistas ha permitido valorar mejor lo ocurrido, que no parecer tener que ver tanto con prácticas ilegales cuanto con la existencia de orientaciones encaminadas a marcar pautas que favorecerían a algunos en detrimento de otros. De entrada, es bueno conocer que estas remociones no son nuevas. Como ha recordado Carlos Sánchez en «El Confidencial», el primer director de la Agencia Tributaria con Zapatero, Luis Pedroche, sustituyó a 119 funcionarios de sus puestos en el organigrama.

Con Beatriz Viana (en el cargo hasta el pasado 28 de junio) y Santiago Menéndez, ambos del PP, se han removido ya más de cien. Lo grave del caso es que estos movimientos en una institución pública que cuenta con más de 27.000 empleados, en su mayor parte funcionarios, están en flagrante contradicción con el espíritu del ordenamiento español en lo tocante al personal al servicio del Estado. Ahora los funcionarios no cesan, pero los exaltos cargos se mantienen en pasillos hasta que cambia el signo político del gobierno y pueden recuperar su ascendiente perdido. La promulgación de un Estatuto es adecuada y urgente.

Para ensombrecer aún más el panorama, se han mantenido clamorosamente abiertas las puertas giratorias que permiten a los inspectores de Hacienda abandonar la función pública mediante un excedencia y dedicarse a la actividad privada sin solución de continuidad. Y regresar al trabajo funcionarial cuando la coyuntura les sea favorable. Es comprensible que estas personas traten de realizarse lo mejor posible en su vida profesional, pero no tendrían que realizar estos viajes si el modelo de la administración tributaria fuera neutral y basado en el mérito y la capacidad de sus técnicos.

Recordaba Carlos Sánchez que la Agencia Tributaria se creó en 1992, hace una veintena de años (antes, la recaudación dependía de la dirección general de Tributos), con el argumento de que así se alejaría del poder político. Y que el PP en la oposición defendió que el director de la Agencia Tributaria fuese nombrado por el Parlamento con mayoría cualificada Los buenos deseos no se han consumado.

Este país, de democracia joven, tiene todavía escasa conciencia fiscal, circunstancia que debe influir en el escándalo de que la economía sumergida represente más del 20% del PIB según todos los diagnósticos. No parece que estos comportamientos públicos sirvan para impulsar la honradez de los contribuyentes ni para resolver técnicamente la poco aceptable coyuntura de que casi la cuarte parte de la actividad tenga lugar en negro y al margen de la Hacienda del Estado.