El deterioro de los centros públicos

En los últimos días la sociedad ha podido conocer dos noticias que vienen a confirmar el progresivo deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve la educación pública en nuestra provincia: por una parte, la situación cada vez más deficiente y precaria tanto de las instalaciones como de los medios materiales de los institutos y, por otra, un nuevo recorte de efectivos (y ya van unos cuantos) en la plantilla del profesorado. Ambos hechos han sido denunciados frecuentemente desde la Junta de Personal Docente sin que, por lo visto hasta ahora, ningún responsable administrativo parezca haberse dado por aludido. Ha hecho falta un desgraciado accidente para que ¡por fin! se hable de reparar el desaguisado en las instalaciones.

Partiendo del hecho de que los dos ámbitos mencionados —infraestructuras y profesorado— son gestionados directamente por la administración educativa, tanto a nivel provincial como regional, no cabe duda de que resulta preciso hacer constar en el debe de la misma la penosa coyuntura en la que la educación pública se está viendo obligada a languidecer. Y si bien hay que tomar en consideración que parece haberse producido una tímida reacción por parte de las autoridades educativas, lo cierto es que el anunciado parcheado de las instalaciones deficientes, además de llegar tarde, no puede en modo alguno ocultar una situación que ha sido fruto de un largo periodo de descuido.

Al mismo tiempo, resulta obligado referirse a un tema recurrente cada vez que salta a la luz el problema de la escasa dedicación de medios económicos a la escuela pública: cuesta trabajo aceptar que mientras en la parte pública los recortes y restricciones parecen, de unos años a esta parte, no tener límite alguno, en el sector concertado no se aprecian signos realmente significativos de reducción en las partidas con las que se subvenciona a las empresas privadas presentes en el negocio educativo. Es difícil digerir la contradicción que se produce entre el espíritu de aquella famosa frase de Esperanza Aguirre («hay que terminar con las subvenciones, los subsidios y las mamandurrias») y la terca realidad que los hechos nos presentan, con unos centros depauperados gracias al descuido de los dirigentes y unas cuantas empresas privadas que funcionan por los conciertos sostenidos con dinero de nuestros impuestos.

Sin embargo, resulta obligado mostrarse pesimista al respecto, especialmente si repasamos las declaraciones de algún jefazo de la Consejería de Educación cuando, preguntado por los buenos resultados de nuestros alumnos en el último informe Pisa, no expuso reparo alguno en otorgar gran parte del mérito en dichos resultados a esta política de conciertos educativos, dando a entender cuáles son las preferencias y prioridades de la administración en lo tocante a los modelos educativos.

Con todo, lo más significativo del asunto es el hecho de que las palabras de los responsables educativos siguen un camino de grandilocuencia y los hechos reales otro muy distinto, tan próximo al tercermundismo como alejado de la idoneidad. Es evidente que cuando las palabras se alejan de los hechos, el término demagogia aparece, amenazador, en el horizonte. Si a ello añadimos que los resultados Pisa vienen a confirmar que la labor docente y de los alumnos es buena a pesar de desarrollarse en una situación de alarmante precariedad, resulta obligado preguntarse algo que, aunque obvio, parece no interesar en las altas esferas: ¿hasta cuándo van a ser capaces los profesores y los alumnos de seguir manteniendo el alto nivel educativo actual en medio del constante deterioro de las condiciones laborales, materiales y estructurales?

Muchos de cuantos sufrimos esta creciente depauperación empezamos a estar cansados, si no hartos, de escuchar a nuestros regidores educativos proclamar a los cuatro vientos su presuntamente enorme interés y preocupación hacia nuestros jóvenes alumnos y al mismo tiempo sufrir, día tras día, penalidades profesionales, materiales y académicas, así como una innegable merma en la calidad educativa. Tan grande abismo entre el dicho y el hecho empieza a sonar ya a cachondeo.

Como contribuyentes y ciudadanos realmente concienciados con el futuro de nuestros jóvenes debemos preguntarnos por el nivel de implicación de los gestores que comandan la nave educativa, porque mostrar un grado de desinterés hacia la escuela pública como el actual (su paulatina depauperación es el síntoma inequívoco de tal desinterés) constituye un ejercicio de ineficacia (si voluntaria o involuntaria ya es algo que los protagonistas deberían aclararnos) difícilmente aceptable en una sociedad en la que los trabajadores, muchos de ellos padres de alumnos, pagan cada mes enormes cantidades de dinero en forma de impuestos. Se espera bastante más respeto no sólo hacia el gran sacrificio económico que todas estas familias vienen realizando desde hace ya demasiado tiempo, sino también hacia el tremendo esfuerzo que, en estas condiciones tan adversas, llevan a cabo los docentes y los alumnos en su desempeño diario.

El debate podría limitarse a una sola pregunta: ¿a quién beneficia que la escuela pública se venga abajo? Quienes dirigen el cotarro educativo son quienes mejor conocen la respuesta a dicha pregunta. En consecuencia, deberían sentirse moralmente obligados a dar una explicación más adecuada acerca de por qué se ha tardado tantos años en reaccionar mientras las condiciones en los centros se deterioraban. Y además de palabras, convendría que ofrecieran actuaciones eficaces, so pena de que, viendo cómo se deja estropear lo público mientras se inyecta dinero en lo privado, continuemos albergando serias dudas acerca de la utilidad y la competencia de estos gestores de los caudales públicos. Por no hablar de lo mucho que, de verdad, les puedan importar los jóvenes estudiantes.