Nuestro carbón

La situación que estamos sufriendo con nuestro carbón, y la necesidad de remitir un Plan de Cierre a la Comisión Europea, cuya aprobación condiciona la concesión de ayudas a las minas incluidas en ese plan, proviene de una decisión del Consejo Europeo, la decisión 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010, que se aprobó, de forma sorprendente, con el voto favorable del Gobierno de España.

Durante la presidencia española en la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, la Junta de Castilla y León se dirigió al Gobierno de España, poniendo de manifiesto que no se había incluido el carbón entre las prioridades de la Presidencia. Desde la Junta de Castilla y León insistimos en la importancia de priorizar nuestro carbón, sobre todo por el fin de vigencia, el 31 de diciembre de 2010, del Reglamento 1407/2002 del Consejo, que entre 2002 y 2010 reguló las ayudas al funcionamiento de las minas de carbón.

El entonces Secretario de Estado, don Pedro Marín, respondió indicando que dados los intereses de España en el carbón, no era pertinente incluirlo entre las prioridades, pero que se estaba trabajando discretamente para que en la siguiente Presidencia se tomasen decisiones favorables a nuestros intereses en el carbón.

Sin embargo, a los pocos días del fin de la presidencia española, en julio de 2010, el Comisario de Competencia, don Joaquín Almunia, dio a conocer su propuesta de nuevo Reglamento, ceñido exclusivamente a ayudas al cierre, con fin de ayudas en 2014, y con devolución de las ayudas para las explotaciones que las recibieran desde 2011 y no cerraran sus explotaciones.

Desde Castilla y León, junto a Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, y las patronales alemana y española, se impulsó en ese momento un manifiesto que exigía que el nuevo marco de ayudas para el carbón a partir de 2011 estuviese basado en el mismo concepto que el Reglamento anterior, redactado por la Comisaría de Energía y Transporte Loyola de Palacio en 2002: ayudas para el acceso a reservas estratégicas.

Lamentablemente, remitido ese manifiesto a todo el Colegio de Comisarios, y pese a una votación clara pero no vinculante en el Parlamento Europeo para no ligar las ayudas al cierre de las unidades de producción (resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas), el Comisario Almunia se negó a incorporar los cambios reclamados.

Por añadidura, el entonces Ministro de Industria, don Miguel Sebastián, pese a la insistencia de la Junta de Castilla y León, no dio las órdenes precisas para que la Representación Permanente de España ante la UE tratase de encontrar apoyos en el Comité de Representantes Permanentes, para adaptar la decisión de ayudas para cerrar las minas, a lo votado en el Parlamento Europeo. Sabíamos que había buena disposición de varios países para tratar de modificar el borrador de decisión. El ministro Sebastián no asistió al Consejo de 10 de diciembre de 2010 pese a la importancia de lo que se iba a votar para el futuro de la minería del carbón española. Acudió en su lugar el Secretario de Estado de Relaciones con la UE, don Diego López Garrido, que votó a favor, dándose por satisfecho con una extensión del período de ayudas al cierre hasta 2018.

Durante 2011, el Gobierno del presidente don José Luis Rodriguez Zapatero se negó a apoyar la demanda ante el Tribunal de Luxemburgo, de Castilla y León, Aragón y Asturias que reclamaba la derogación de los artículos que ligaban las ayudas a un plan de cierre, y que obliga a devolver las ayudas si no finaliza la actividad. De la misma forma, durante todo 2011, el Ministro de Industria, don Miguel Sebastián no consiguió que se le aprobase el Plan de Cierre, necesario para poder otorgar ayudas en el marco de la decisión 2010/787/UE.

Recientemente, hemos conocido el auto de inadmisión de esta demanda, para el que Castilla y León, Asturias y Aragón estamos analizando las posibilidades de recurso, que desgraciadamente no parece que vaya a tener altas posibilidades de éxito.

El Gobierno actual, ante esta situación generada por la pésima decisión aprobada por el Gobierno anterior, remitió en octubre pasado (con más de 2 años de retraso respecto a lo obligado por la Comisión) el necesario Plan de Cierre a Bruselas. Ese Plan se supone que está basado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 aprobado por los sindicatos, la patronal Carbunión y el Ministerio a principios de octubre de 2013. Ni para el Marco ni para el Plan de Cierre, cuya redacción ni siquiera conocemos, se ha dado trámite de audiencia a las comunidades autónomas.

Para la definitiva aprobación de ese Plan de Cierre, Bruselas ha pedido información adicional, que ya ha sido solicitada a las empresas. Que las ayudas son alegales en tanto no se apruebe el Plan de Cierre es una situación conocida. También que todas las ayudas concedidas pasarán a tener cobertura legal una vez aprobado el Plan de Cierre.

La situación actual de la minería del carbón de Castilla y León y de España, con unidades de producción a cielo abierto, todas ellas, que aparentemente van a ser competitivas desde 2015 (porque sólo van a recibir ayudas de 1 euro por tonelada correspondientes a 2013, y 0,5 euros por tonelada en 2014, nada desde 2015), y con la mayoría de unidades subterráneas que, de acuerdo al Marco, van a llegar a 2018 operativas y con unas ayudas mínimas (serán de sólo 5 euros por tonelada en 2018 de acuerdo al Marco), establece claramente que la Decisión 2010/787/UE no sirve para explotaciones que estaban ya en 2010 tan cerca de los umbrales de rentabilidad como la mayoría de las minas privadas españolas.

Por lo tanto, desde Castilla y León hemos insistido e interesado al Ministerio y al conjunto del Gobierno para lograr los apoyos y el consenso necesario en Europa para modificar una decisión lesiva para los intereses de nuestra minería del carbón y por tanto la española, y que puede implicar, de forma inexplicable, en la actual situación de desempleo, que explotaciones que crean un importante número de empleos directos, indirectos e inducidos, tengan que cerrar siendo competitivas. A lo que se añade la situación en que quedarían las cuencas mineras, y las consecuencias graves y muy negativas desde el punto de vista de la dependencia energética y la seguridad de suministro.

Además hay que señalar que el sector está en una situación muy complicada, con varias empresas en concurso de acreedores o en liquidación, en buena parte por lo ocurrido con las ayudas de 2012 y que las ayudas de 2013 aún no se han pagado. Es necesario modificar las bases para las convocatorias de ayudas, que el ministerio llevó al BOE en noviembre dejando fuera a las empresas en concurso de acreedores, para poder publicar después la convocatoria de ayudas 2014. El Ministerio tiene que volver a modificar la Resolución de restricciones por garantía de suministro para 2014, que ya ha corregido una vez, y además es preciso avanzar con el mecanismo de mercado que se vaya a utilizar a 2015 para lograr que el carbón autóctono tenga una presencia en el mix de generación del 7,5%, una vez acabada la vigencia del real decreto 134/2010 de restricciones por garantía de suministro.

Para todo ello, desde Castilla y León trataremos de lograr una unidad de acción con las comunidades autónomas con producción de carbón y con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de modo que en cuanto se conozca al nuevo comisario de Competencia tras las elecciones europeas, se pueda poner en marcha los trabajos que se acuerden, para que la minería del carbón competitiva pueda seguir operativa desde 2019.