Un problema esencialmente endógeno

La Junta de Castilla y León y otras cinco comunidades (Galicia, Asturias, Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura) acuden mañana a Bruselas para recabar la implicación de la Unión Europea en el problema de la despoblación. Entienden que el problema demográfico no se está teniendo en cuenta ni en la distribución de los fondos europeos de cohesión y desarrollo ni en el diseño de los programas territoriales específicos.

Las seis comunidades, las mismas que se han constituido en una especie de lobby en defensa de un modelo de financiación autonómica que valore la repercusión del envejecimiento de la población y de la dispersión territorial en el coste de los servicios públicos, han reclamado previamente del gobierno central una «estrategia nacional para el cambio demográfico». Ante la evolución del censo en los últimos años, han llegado a la conclusión de que la despoblación constituye un problema de Estado.

Nada que objetar a que las comunidades que sufren este lacerante problema unan sus esfuerzos reclamando políticas estatales y europeas que ayuden a combatirlo. Si acaso, tras cuatro años consecutivos perdiendo población -que serán cinco, tan pronto se conozca el censo de 2013- si acaso habría que decir que han tardado en hacerlo. Pero la declaración de «problema de Estado» no puede en ningún caso servir ni para ocultar el fracaso de cada comunidad autónoma afectada, ni menos aun para endosar a partir de ahora la responsabilidad a instancias superiores.

Por los recursos de que dispone y las competencias que gestiona, la autonómica es por naturaleza la Administración de referencia en cada territorio y, desde luego, la principal responsable de afrontar un problema como el demográfico. Así lo entendió la Junta cuando en 2010 prescindió de la Estrategia Regional contra la Despoblación elaborada desde las Cortes para sustituirla por la Agenda de la Población diseñada por el gobierno autonómico. Y así lo entendieron PP y PSOE al incluir en la reforma del Estatuto de Autonomía el Plan Plurianual de Convergencia Interior, instrumento contemplado para corregir los desequilibrios internos territoriales existentes dentro de la comunidad.

A la vista está que la Agenda de la Población no ha deparado los resultados previstos. Pero más lamentable aún es que el Plan de Convergencia, tras una incipiente puesta en marcha, haya desaparecido del mapa víctima de las restricciones presupuestarias. Máxime cuando acabamos de conocer que la Junta de Castilla y León no apuró en 2013 su margen de déficit, cerrando el ejercicio con cerca de 100 millones de euros por debajo del gasto que tenía autorizado.

Reclamar los apoyos del gobierno central y de la Unión Europea no puede servir de excusa para llamarse a andana ante un problema esencialmente endógeno.