Diario de León
Publicado por
ANTONIO PAPELL
León

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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce el llamado derecho al olvido en internet es, como mínimo, controvertible. Y esto es así porque, con toda probabilidad, los venerables jueces que componen esta acreditada instancia jurisdiccional no han sido capaces de interiorizar la verdadera naturaleza de la red.

El derecho al olvido tiene una dimensión antropológica que carece de sentido en el mundo digital. Como ha escrito Enrique Dans: «El olvido no es un derecho. El olvido es un proceso fisiológico que tiene lugar en el cerebro del que olvida, no algo que tenga lugar en función de los deseos del olvidado. No se olvida cuando alguien quiere que se olvide, se olvida por otros motivos. No nos pueden obligar a olvidar, y plantearlo es sencillamente atroz. Otorgar a alguien el supuesto derecho a ‘borrar su pasado’ no tiene ningún sentido, y mucho menos si lo que hacemos es eliminarlo no de las fuentes, sino de las herramientas que lo indexan. Lo que tenemos que plantearnos ahora es qué va a pasar cuando semejante planteamiento absurdo caiga en manos de los poderosos, de los gobiernos, y de los que de verdad tienen un interés serio por ‘modificar’ su pasado y el modo en el que éste aparece en la red».

Como es conocido, la sentencia se ha dictado a instancias de un ciudadano español que pleiteaba para que desapareciera de la red la información de que la Seguridad Social había subastado un inmueble de su propiedad a causa de una deuda en el seguro de autónomos.

La cuestión de los antecedentes penales es vidriosa y está sometida a debate. ¿Tenemos o no derecho los ciudadanos a conocer que uno de nuestro vecinos ha sido un peligroso violador o un pederasta reincidente? En todo caso, la decisión sobre estas peliagudas cuestiones no le corresponde al buscador de internet sino a las instituciones que mantienen vivos los antecedentes penales. Se podría entender, en fin, que el Tribunal de la UE obligase al Ministerio de Justicia a cancelar tales antecedentes pero no que imponga a los buscadores —que son simples escaparates de la realidad—una reescritura de los periódicos, una rectificación a posteriori de la realidad, lo que equivaldría evidentemente a una mixtificación obligatoria. Una locura, en suma.

Retrospectivamente, debe caber un derecho de rectificación para implantar la verdad cuando ésta ha sido tergiversada. Pero si cada ser humano tuviera derecho a borrar todos sus errores, incluso los que dejan huella ya indeleble en el sistema mediático, en las hemerotecas, entraríamos en un vértigo inabarcable en pos de una realidad idílica ficticia. La madurez intelectual consiste en asumirse íntegramente, en pelear por ser mejores y demostrarlo, no en pleitear para que los demás «olviden» nuestros errores, que son abundantes en todos los seres humanos.

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