EDITORIAL: La Justicia necesita inversión y medios para ser garantista
La memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León relativa a 2013 recoge la misma carencia de órganos judiciales y de plazas de jueces que en 2010, lo que en definitiva supone que desde entonces no se ha creado ninguna de las solicitadas, situación por la que de nuevo se exige un refuerzo de la plantilla judicial. En concreto el presidente del TSJCYL insiste en la necesidad de crear de manera inmediata siete órganos colegiados y veinticinco unipersonales. Es decir, viene a exigir lo mismo que ya reclamó hace cuatro años.
La memoria plantea la conveniencia de ampliar la plantilla judicial con treinta y seis nuevos jueces para reforzar los juzgados de lo social, que son los que mayor carga de trabajo están registrando a causa de la crisis. Y además concreta la especial necesidad de León en este sentido.
El enorme esfuerzo que están realizando los jueces de Castilla y León se concreta en 78.920 sentencias dictadas en un año, lo que supone más de 343 de media por cada órgano judicial, a las que hay que sumar 212.000 autos emitidos. Los más de 474.000 asuntos llegados a los juzgados de la comunidad y las 349.000 resoluciones siguen estando por encima de las recomendaciones de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial.
Es evidente que este bloqueo inversor es consecuencia de las limitaciones presupuestarias que atenazan al ministerio, a lo que se une que precisamente en estos momentos la estructura judicial española está pendiente una nueva organización en todo el territorio que supondrá un cambio radical. La cuestión es que pretenda realizarse sin inversión ni nuevos medios y sólo a costa del trabajo y la responsabilidad de los jueces. No sería justo. Como tampoco que por esa misma razón se vieran mermadas las garantías procesales de los ciudadanos, que si a algo pueden aferrarse todavía es precisamente a una Justicia justa.