Constitución

La mejor manera de cargarse una Constitución todavía válida, aunque necesitada de retoques, es defenderla más allá de lo razonable. O acogerse a los supuestos ultraortodoxos que sugieren que lo que está fuera del texto legal es, simplemente, inexistente. Lo acaba de hacer el fiscal general del Estado, el por otra parte admirable Eduardo Torres—Dulce, en una declaración que es más que un lapsus, me temo, y contiene toda una carga de principios espero que no inamovibles: «lo que está en la Constitución, está en la Constitución, y lo que no está, no existe en la vida política y social de España», ha dicho el buen jurista —lo digo sin la menor ironía— que es Torres—Dulce, en frase inmediatamente aplaudida, claro está, por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz—Gallardón, que no pierde ocasión de desacertar.

La Constitución, en su integridad actual, se esgrime contra las pretensiones catalanas de convocar un referéndum lo mismo que se emplea como escudo contra quienes pretenden, al margen de toda lógica y prudencia política por otro lado, celebrar alguna suerte de plebiscito sobre la forma del Estado: ¿Monarquía? ¿República? Al disidente de cualquier tipo se le echa encima la ley fundamental, a la que se presenta desde las instancias oficiales como intocable e intocada; ya digo, es acaso el peor servicio que se pueda prestar ahora a un texto vigente desde 1978, que sirvió impecablemente para salir de una dictadura y enfilar el rumbo hacia una democracia descentralizada en lo territorial, más social en lo económico, más plena, lógicamente, de derechos políticos para los ciudadanos.

Los tiempos cambian, entramos en una nueva era. Y puede que los textos que servían para justificar la defensa frente a los presuntos o reales errores —y, a mi modo de ver, plantear aquí y ahora tanto la consulta secesionista catalana como la pretensión de que el Gobierno convoque un referéndum sobre la Corona son dos graves equivocaciones— ya no sirvan en la misma medida en la que sirvieron. La Constitución necesita una reforma en muchos aspectos, comenzando por el Título VIII, que regula las autonomías, pero no solamente en eso: es obvio que la primera etapa de la era Felipe VI ha de incorporar una seria reconstrucción constitucional, que incorpore no solamente un repintado de algunos, bastantes, artículos.

Las reglas no deben ser inamovibles, y menos usarse contra los gritos que se escuchan en la calle, aunque sean gritos minoritarios. Para solidificar la unidad del país es necesario completar el debate acerca de cómo se sentirían cómodos los nacionalistas catalanes y vascos dentro del Estado. Para consolidar a Felipe VI hay que aceptar un debate franco, honesto y generoso con quienes no le quieren sentado en el Trono. Lo que nunca ha de hacerse es utilizar las reglas, llámense Constitución, como arma arrojadiza.