Alcaldes por decreto

Regeneración democrática. Una necesidad por la que claman los ciudadanos en su mayoría, y a cuyo mero enunciado no cabe sino adherirse. La democracia requiere que se la dote de nuevos instrumentos para hacerla más próxima a los ciudadanos, más participativa y, sobre todo, más intransigente con aquellos cargos públicos que se salten la raya roja de la legalidad penal y de la decencia.

Sin embargo, para el PP la regeneración democrática equivale a mantenerse al frente de los gobiernos municipales a toda costa: o bien porque obtengan el voto de una mayoría cualificada de ciudadanos, o bien porque, en caso contrario, sus alcaldes queden blindados por decreto.

En principio —incluso me atrevo a decir, en la mayoría de los casos— parece lo más lógico y también lo más democrático que la candidatura que ha obtenido más votos, gobierne. Pero, a partir de este punto, viene la trampa. El apaño. Pues lo que el Gobierno de Rajoy pretende es dotar de una mayoría absoluta al partido más votado para asegurarle el gobierno municipal. Y eso, imponer absolutismos por ley cuando esas mayorías no vienen avaladas por los resultados electorales, no es democrático ni constitucional.

No parece de recibo que, por ejemplo, una candidatura que gana las elecciones con el 30% de los votos (estoy pensando en los resultados de las últimas elecciones en San Andrés del Rabanedo), por decreto, obtenga, como mínimo, once concejales de veintiuno. Si el pueblo ha otorgado al PP ocho concejales, resulta inaceptable que por los intereses partidistas del gobernante de turno se le atribuyan once concejales. ¿Y si en los próximos comicios la lista ganadora solo alcanza el 25 o el 20% de los votos, el número de concejales sería idéntico, los once que aseguran la mayoría absoluta? Está claro que cuanto menos porcentaje de votos obtenga la lista más votada, mayor sería el atraco a mano armada que la pretensión del PP, si llegara a consumarse, inflingiría a la democracia y a la voluntad popular.

En estos tres años de legislatura el gobierno de Rajoy ha demostrado, con creces, que no cree en la democracia municipal ni en el municipalismo.

Javier Arenas, el comisario encargado por Rajoy para negociar con el resto de formaciones la reforma de la Ley Electoral, sabe muy bien cuál es la diferencia entre ser la fuerza mayoritaria y alcanzar mayoría absoluta. Arenas ganó las últimas elecciones andaluzas, las del 2012, pero no consiguió el porcentaje de votos suficientes para obtener la mayoría absoluta en el parlamento andaluz. En este punto es preciso recordar que en los regímenes parlamentarios quien gobierna no es (necesariamente) quien obtiene un voto más que el siguiente, sino aquel que consigue aglutinar un respaldo parlamentario mayor.

Trasladando la propuesta sobre elección de alcalde (que va a abanderar) a su experiencia política, Javier Arenas hubiera sido presidente de la Junta de Andalucía. El PP gobernaría Andalucía.

El negociador Arenas, para haber sido presidente de Andalucía, hubiera tenido que desvirtuar la voluntad expresada por los andaluces a la hora de proceder al reparto de escaños en el parlamento andaluz: quitando cinco escaños, que los andaluces habían atribuido a otras fuerzas, para adjudicárselos a sí mismo. Los votos del PP hubieran valido mucho más que el del resto de candidaturas.

El negociador Arenas para haber conseguido el gobierno tendría, previamente, que «regenerar la democracia» por medio de una curiosa cuadratura del círculo: con menos votos y menos porcentaje de votos obtener más escaños. Todo un fraude democrático. De este modo alcanzaría, por decreto, lo que los andaluces no le otorgaron en las urnas: la mayoría absoluta del parlamento andaluz.

Precisamente, esa es la misma cuadratura que el PP de Rajoy y de Arenas pretende aplicar en todos los ayuntamientos de España: desvirtuar, amparándose en una democracia de conveniencia, los resultados de las urnas a la hora de proceder al reparto de concejales. Ganar, por decreto, los concejales que no les han otorgado las urnas. Digámoslo alto, claro. El PP persigue con su propuesta de elección de alcaldes que haya ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Ciudadanos cuyo voto vale el doble, ciudadanos cuyo voto vale la mitad y ciudadanos cuyo voto no vale nada. Todo para que no se repita la experiencia del propio Arenas y que el PP deje de asentar sus reales en el poder.

Si partimos de la base de que estamos en un sistema parlamentario, y no en uno presidencialista, hay que colegir que corresponderá formar gobierno a aquella candidatura que obtenga más apoyos en el órgano que representa la soberanía popular: El pleno.

Claro que hay otras fórmulas que permitan ayuntamientos más democráticos que los actuales. Por ejemplo, las listas abiertas. ¿Por qué los vecinos de un municipio no pueden votar a candidatos que se presentan en diferentes candidaturas? ¿Por qué se tienen que ver obligados a aceptar, en bloque, a todos los candidatos impuestos por los partidos y en el orden cerrado en que los presentan? O el cambio en el sistema de elección de los diputados provinciales —en la actualidad elegidos indirectamente por los concejales, una rémora antidemocrática— para permitir que puedan ser elegidos, directamente, por los ciudadanos. O la aprobación de un procedimiento sumario que permita agilizar la tramitación de determinados procesos abiertos por prevaricación, malversación y otros delitos que puedan atribuirse a los gestores públicos. Pero de estos temas el PP no quiere hablar. Y otras formaciones políticas, tampoco.

Lo que el PP entiende por regeneración democrática no es otra cosa que otorgar por decreto mayorías, aunque no vengan respaldadas por los resultados electorales. Se trata de un intento desesperado por aferrarse a los gobiernos municipales, aún a costa de amañar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Huele, sobre todo si se va al sistema de doble vuelta, a un afán inconfesable por apuntalar el bipartidismo: un sistema fracasado gracias a los deméritos, ganados a pulso, de los dos partidos mayoritarios. Y, lo que parece más sintomático, es un intento de amordazar al cada vez más nutrido número de españoles que están hartos de los de siempre, de los unos y de los otros: y que por eso, legítimamente, exploran otras opciones en las que depositar su confianza.