Caldo de cultivo de las diputaciones

La operación Púnica ha puesto nuevamente sobre la mesa la difusa función política y el déficit democrático de las Diputaciones provinciales. El debate viene de lejos, concretamente desde que se desplegó el Estado de las Autonomías, que las convirtió en unas administraciones residuales solapadas entre los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos. Llegada la crisis y planteada la necesidad de reducir y racionalizar el tamaño de la Administración, las Diputaciones han estado especialmente cuestionadas, al extremo de que más de un partido propuso abiertamente desaparición. Su anacronismo era y es evidente, con el agravante de que su sistema de elección indirecta ha permitido mantener prácticamente intactos resabios caciquiles y clientelares impropios de un sistema democrático.

De no prescindir de ellas, urgía adaptar sus anquilosadas funciones y legitimar su representatividad a través de las urnas. En esas estábamos cuando irrumpió en escena la reforma local de Montoro, de la que las diputaciones resultan ser a priori las grandes y principales beneficiadas. Dicha reforma les abre la puerta para gestionar los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y de paso tutelar a la inmensa mayoría de las entidades locales menores y su ingente patrimonio público. Con ello el PP mataría dos pájaros de un tiro: Concentrar ese poder disperso en unas instituciones que le son especialmente propicias y crear el escenario idóneo para proceder a la eventual privatización de servicios hasta ahora públicos.

La Ley Montoro ha supuesto así un auténtico balón de oxigeno para las diputaciones, que, con unos presupuestos disminuidos y sin capacidad de generar recursos, venían sobreviviendo en no pocos casos a base de vender las joyas de la abuela en operaciones urbanísticas especulativas que en ocasiones han devenido en verdaderos fiascos. Y ello sin el menor rastro de la imprescindible democratización de esas estructuras tan propensas al clientelismo caciquil.

Con semejante caldo de cultivo, a nadie le puede extrañar que las corruptelas puedan resultar moneda corriente en cualquier Diputación, incluso en la que ha estado presumiendo de ser la «más transparente» de España. Hace unos meses el ex presidente de la de Orense, José Luis Baltar, fue condenado a 9 años de inhabilitación por haber contratado irregularmente a 104 personas. Aunque, eso sí, la condena no ha tenido ningún efecto ya que le ha llegado a Baltar después de haber sido sucedido en el cargo por su propio hijo. Esta última circunstancia ilustra mejor que nada hasta qué extremo puede llegar a anidar el caciquismo en una Diputación provincial.