Mucho por hacer

L a utilidad de la web de Transparencia del Gobierno de España ha destacado espontáneamente al mostrar un cúmulo de datos que llaman poderosamente la atención. Es por ejemplo ilustrativo -y preocupante- comprobar que el presidente del Gobierno de España gana menos que sus ministros y que algunos cientos de altos funcionarios: destaca así la necesidad de una reforma de la Administración para racionalizarla. Y resulta satisfactorio conocer, pongamos por caso, cuántos altos funcionarios del Estado han utilizado en el último año la ‘puerta giratoria’ para pasar al sector privado. El gran acervo de información disponible comienza a dar expresividad a la democracia, a hacerla materialmente comprensible y permite vislumbrar mejor sus virtudes y defectos.

El acúmulo de información sobre la Administración Central se irá enriqueciendo con las consultas que realicen los usuarios de la web, y en especial los estudiosos y los políticos ávidos de datos por cualquier razón, cuyas demandas y respuestas serán añadidas a la base de datos.

Sin embargo, no bastarán estas reclamaciones para colmar la exigencia de transparencia: hará falta allanar obstáculos legales y de todo tipo para que la claridad se haga total. Para que se entienda mejor lo que quiere decirse, conviene traer aquí un ejemplo que ha aportado el periodista Carlos E. Cué: el comisario Arias Cañete, para superar el examen a que fue sometido por el Parlamento Europeo antes de acceder al cargo, tuvo que comprometerse a publicar su agenda diaria de visitas con el fin de que fueran conocidos sus lobbistas; sin embargo, las visitas que recibe Rajoy en Moncloa no son públicas y el registro se destruye mensualmente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos. Habrá que cambiar las normas para que el derecho a la intimidad de las personas públicas no prevalezca sobre el principio de transparencia.

Asimismo, la ley de Transparencia tiene muchas excepciones, que poco a poco deberán ser abatidas, y abarca un campo limitado, que habrá de ser ampliado convenientemente. Conviene, además, dejar sentado que la publicación de toda esta información no resolverá por sí sola la corrupción: el material que se aporta será una útil herramienta para prevenir e impedir abusos, clientelismos y tratos de favor que siempre necesitan un ambiente subrepticio y velado para producirse. Es necesario, pues, que nos pongamos manos a la obra con la mayor celeridad posible porque vamos con gran retraso con respecto de los demás países de nuestro entorno. Los expertos aseguran que los mejores sistemas de transparencia aparecen allá donde más abusos se han producido, por reacción frente ellos; si la regla funciona, no cabe duda de que tenemos la oportunidad de edificar un modelo de transparencia ejemplar: bastará con prevenir racionalmente todos los excesos que hoy están en los tribunales, y que son bastantes más que los que los ciudadanos podemos asimilar.