León camina hacia su ocaso

E l comportamiento de la población es un fenómeno que siempre ha preocupado a los pueblos. El crecimiento o regresión de la población, la natalidad, la mortalidad y las migraciones, así como la estructura de la población por edad, sexo, nivel de estudios y ocupación, tienen serias implicaciones en la vida económica, política y social de los pueblos. De aquí el interés por conocer la realidad demográfica de nuestra provincia y buscar solución a los posibles problemas derivados del estado de su población.

Mientras que a nivel mundial el tema demográfico más preocupante sigue siendo la «explosión demográfica» o crecimiento acelerado de la población, en el caso concreto de la provincia lo que más debe preocuparnos es la pérdida de población, la dispersión geográfica y el alto índice de envejecimiento que registra. León, desde 1960, año en que alcanzó su mayor número de habitantes, 584.594, hasta el año 2014 ha perdido 99.900 habitantes. Esta dinámica no ha sido igual en toda la provincia, pues mientras las ciudades de León y Ponferrada y el Ayuntamiento de San Andrés han mantenido un incremento lento pero continuo, los municipios rurales vienen perdiendo población de forma acelerada.

Las causas de esta pérdida de población son, entre otras, la caída de la natalidad, el aumento de la mortalidad y los saldos migratorios. La tasa de natalidad de León hasta los años 60 se situaba en torno a los valores medios de España: 22,00 nacimientos por año y por mil habitantes, pero a partir de esta fecha comenzó a registrar un descenso acelerado, situándose en los últimos censos en niveles sensiblemente inferiores a la media nacional: 6,25 por mil en León en 2014, frente a 9,10 de media nacional. Esta espectacular caída de la natalidad se debe a la planificación familiar, al deseo de mejorar el nivel de vida de la pareja y de los hijos, al uso generalizado de medios anticonceptivos, al creciente costo de la educación de los hijos y a la pérdida del sentimiento religioso, entre otras causas. Por su parte, la mortalidad en León ha mantenido una dinámica similar a la media nacional hasta los años 50 del pasado siglo, que estaba en los 8,50 por mil habitantes; pero a partir de los años 60 León comienza a desmarcarse de la media nacional, llegando a registrar en 2014 una tasa de mortalidad de 12,20 personas por mil, mientras que la media nacional para esta misma fecha continúa siendo de 8,5. Las diferencias entre la natalidad y mortalidad, dan un resultado muy negativo para León, que en 2014 se sitúa en -5,95 personas por mil habitantes y año. El saldo vegetativo puede ser modificado al alta o a la baja por el saldo migratorio, que en el caso de León en el año 2000 fue positivo, pero que pronto comenzó a descender llegando en 2013 a ser negativo.

Para completar el análisis demográfico tenemos que conocer otras dos variables: la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población. La esperanza de vida en los últimos años viene siendo ligeramente superior a la media nacional: 82,94 años en León, frente a 82,82 en España. La caída de la natalidad junto con una más alta esperanza de vida, lógicamente producen el envejecimiento de la población y una mayor proporción de personas mayores de 64 años. Se suelen considerar países jóvenes aquellos cuya población de 0 a 14 años es superior al 25 % del total de la población y países envejecidos aquellos cuya población mayor de 64 años es superior al 10 % de su población total. Pues bien, la provincia tiene un 25,34% de su población con más de 64 años, lo que la convierte en una sociedad altamente envejecida, frente a la media nacional que es del 18,11 %.

Esta realidad demográfica coloca a León en una situación muy crítica y con graves exigencias con carácter de urgencia en el área demográfica, económica y social y, por consiguiente, política. Desde el punto de vista demográfico, León se encuentra en una situación grave, pues una vez alcanzada la fase de incremento negativo, solo hay dos formas de dinamizar la población, una mediante la aplicación de una política familiar con importantes apoyos económicos y sociales a la natalidad y a las familias, como ya lo están haciendo muchos países europeos también envejecidos; y la otra, mediante una política económica agresiva e innovadora, orientada a crear nuevos puestos de trabajo y unas condiciones socio-laborales capaces de ejercer un «pull» o atracción, primero para fijar la población joven autóctona y luego para crear una corriente de inmigración también joven que venga a aumentar la población activa y a contrarrestar el grave envejecimiento demográfico que padece León. Las dos alternativas son válidas, pero las dos difíciles de conseguir. No obstante, este es el reto que tiene planteado León.

En el plano económico, la fuerte caída de la natalidad reduce la población activa aumentando las cargas e impuestos sobre la misma y, por otra parte, el envejecimiento de la población acarrea serios problemas asistenciales, pues la atención geriátrica y hospitalaria, cada vez más frecuente entre los ancianos, supone una de las mayores cargas de las sociedades modernas envejecidas. Estos hechos están haciendo que muchas sociedades se planteen la posibilidad de alargar la edad laboral hasta los 67 y más años, lo que contribuiría a reducir la población pasiva, a dar una independencia económica a los mayores y a solucionar la amenaza de quiebra de la Seguridad Social.

Finalmente, desde el punto de vista social los mayores problemas de León se vuelven a centrar en torno a la población pasiva y en la dispersión geográfica de la misma. Las personas mayores, jubilados y ancianos, pierden poder adquisitivo, se sienten solos y en ocasiones abandonados, tienen miedo a las residencias para ancianos, sienten angustia ante el futuro. Ante esta situación parece lógico que cada vez se exija con mayor insistencia una política asistencial que atienda todas sus necesidades, no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, también en los pueblos. La excesiva dispersión de la población en pequeñas entidades y las reducidas dimensiones de muchos municipios presentan serias dificultades para dotar a toda la provincia de la infraestructura y servicios que ya fueron considerados necesarios por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (1985), por la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y por la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León de 2010. Por lo que se impone sin más tardanza la concentración de municipios en agrupaciones mayores que les permitan contar con presupuestos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. De lo contrario, los pueblos continuarán muriendo, los municipios seguirán sin capacidad gestora y León seguirá caminando hacia su ocaso.